La Suprema Corte de Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de migrantes con estancia ilegal o temporal nacidos en territorio estadounidense.
La resolución, emitida en el caso Trump v. Barbara, establece que los menores nacidos en Estados Unidos de padres sin residencia legal o con presencia temporal adquieren la ciudadanía desde su nacimiento, al estar sujetos a la jurisdicción del país conforme a la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.
El máximo tribunal determinó que la Orden Ejecutiva 14160, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, interpretaba de forma incorrecta el concepto de "estar sujetos a la jurisdicción" de Estados Unidos al excluir a los hijos de personas con estatus migratorio irregular o temporal del derecho a la ciudadanía.
En su decisión, la mayoría de los jueces realizó un análisis histórico del principio de ciudadanía por nacimiento, desde el derecho consuetudinario inglés hasta la adopción de la Decimocuarta Enmienda, concluyendo que la jurisdicción del Estado se extiende a las personas nacidas en su territorio, independientemente de la condición migratoria de sus padres, salvo excepciones muy específicas.
La sentencia también reafirma el precedente del caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que reconoce la ciudadanía por nacimiento como un derecho constitucional para la mayoría de las personas nacidas en territorio estadounidense.
La opinión mayoritaria fue redactada por el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., y contó con el respaldo de las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. La resolución incluye además opiniones concurrentes y disidentes de otros integrantes del tribunal.
Con este fallo, la Suprema Corte deja sin efectos el intento de la administración Trump de restringir uno de los principios fundamentales del sistema constitucional estadounidense en materia de ciudadanía.