Retiran artículo tras 25 años: documentos prueban que Monsanto lo encargó y redactó en la sombra

Una revisión científica publicada en el año 2000 que sostenía que el herbicida glifosato, comercializado bajo el nombre de Roundup, no implicaba riesgos para la salud humana fue retirada oficialmente 25 años después, luego de detectarse graves irregularidades en su autoría y en la selección de la evidencia analizada.

La revista Regulatory Toxicology and Pharmacology anunció el pasado 28 de noviembre la retractación del artículo firmado por Gary M. Williams, Robert Kroes e Ian C. Munro, al identificar “varios problemas críticos que socavan la integridad académica del documento y sus conclusiones”. El estudio había sido utilizado durante décadas por dependencias reguladoras internacionales y por la industria agroquímica para respaldar la seguridad del uso del glifosato, pese a la controversia científica que se intensificó tras la clasificación de este químico como “probablemente carcinógeno” por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la OMS en 2015.

El retiro del artículo se da en un contexto particularmente relevante para México, donde desde hace varios años se aplica una política pública que prohíbe el uso del glifosato. Dicha medida enfrentó severas críticas de sectores empresariales y de algunos grupos científicos ligados a la industria, que sostenían que no existía sustento científico suficiente para afirmar daños a la salud humana y al medio ambiente. La retractación del estudio que durante años se usó como referencia para defender la inocuidad del herbicida reabre el debate internacional y da un nuevo marco a las decisiones tomadas por el Estado mexicano en materia de precaución ambiental y sanitaria.

La retractación ocurrió después de que salieran a la luz los llamados Monsanto Papers, documentos internos de la empresa divulgados en procesos judiciales en Estados Unidos, que revelaron que el texto no fue escrito por los científicos firmantes, sino por empleados de Monsanto. Esta práctica de ghostwriting consistió en redactar la revisión dentro de la compañía y pagar a investigadores externos para que figuraran como autores.

El coeditor en jefe de la revista, Martin van den Berg, señaló que empleados de la empresa “pueden haber contribuido a la redacción del artículo sin el debido reconocimiento como coautores”, lo que plantea serias preocupaciones éticas sobre la independencia del trabajo y la responsabilidad académica de los firmantes. Además, se cuestionó la ausencia de una declaración de posibles compensaciones económicas. La publicación también fue señalada por omitir estudios relevantes sobre toxicidad crónica y carcinogenicidad, lo que impidió una evaluación completa de la evidencia disponible y afectó la objetividad de las conclusiones.

Pese a estos cuestionamientos, el artículo mantuvo una amplia influencia durante más de dos décadas. Investigaciones recientes indican que se mantuvo dentro del 0.1 % de los textos más citados sobre glifosato, incluso después de que se difundieran los documentos de Monsanto. Además, fue citado en alrededor de 40 ocasiones en el informe europeo de 2015 que derivó en la reautorización del herbicida en 2017.

La revista puntualizó que la retractación no constituye una postura científica definitiva sobre la carcinogenicidad del glifosato, sino una decisión editorial basada en criterios de integridad, autoría y conflicto de interés. Sin embargo, invalida una de las principales piezas utilizadas durante años para respaldar la supuesta inocuidad del compuesto.

Este episodio se enlaza con un proceso más amplio que vive México en defensa de su soberanía alimentaria y ambiental. La sociedad mexicana dio un paso considerado histórico al lograr que la Constitución prohíba la siembra de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional, una medida que generó un intenso debate entre sectores agrícolas, comunidades científicas, organizaciones ambientalistas y la opinión pública.

Las reformas a los artículos 4 y 27 constitucionales, impulsadas por el gobierno federal y respaldadas por organizaciones campesinas y civiles, buscan proteger la biodiversidad del maíz nativo, preservar un patrimonio cultural único y garantizar la soberanía alimentaria y la salud de la población. Más aún, pretenden salvaguardar uno de los elementos identitarios que cohesionan a la nación, sintetizado en la consigna: “Sin maíz, no hay país”.

Diversos colectivos han advertido que la introducción de maíz genéticamente modificado —desarrollado por empresas trasnacionales como Bayer-Monsanto y Syngenta— implicaría la contaminación genética y eventual desaparición de las razas de maíz nativo, precisamente en el país considerado centro de origen de esta gramínea.

Aunque la prohibición constitucional representa un avance significativo, la disputa continúa en el ámbito de las leyes secundarias y en la interpretación de la normativa. Las empresas trasnacionales apuestan a que la reforma resulte inaplicable o se convierta en “letra muerta”, ante los intereses económicos en juego, estimados en casi seis mil millones de dólares anuales tan sólo en el mercado del maíz forrajero.

Organizaciones campesinas agrupadas en la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País han reconocido la apertura mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para incorporar a los movimientos sociales en la discusión legislativas.