¿Quién está detrás de la defensa al derecho a portar armas en Estados Unidos?

La Segunda Enmienda, una legislación que fue firmada en 1791, permite que los ciudadanos estadounidenses porten un arma, sin embargo, para entender la influencia política y económica actual del mercado de las armas en Estados Unidos es necesario hablar del papel que han jugado la National Shooting Sports Foundation (NSSF), el brazo económico que representa a la industria de las armas, y la National Rifle Association (NRA), el brazo político y de cabildeo que financia congresistas.

La NSSF, cuya sede se encuentra en Newtown, Connecticut, curiosamente a 4.8 km de donde ocurrió la balacera y masacre de la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012, es la institución comercial más grande de la industria de los deportes de tiro. Fue fundada en 1961 por los líderes de la industria de la caza y es conocida por promover y defender el acceso a la portación de armas en EE. UU.

Entre sus programas se encuentra el “Protect ChildSafe”, el cual promueve “el uso responsable de las armas”, principalmente busca enseñar a los dueños de las armas cómo hablar con sus hijos sobre ellas.Además, financia eventos como la feria comercial anual de tiro, caza y actividades al aire libre, la cual se celebra cada año en Las Vegas y cuenta con 50 mil asistentes por edición.

A nivel político, la NSSF apoyó la legislación que permite el porte oculto y ofreció propuestas para prohibir a la Agencia de Protección Ambiental regular los productos químicos en las municiones.

En 2014, la NSSF fue reconocida como una de las principales promotoras de la Ley Bipartidista de Deportistas, la cual exime a las municiones y a los aparatos de pesca que contienen plomo de ser regulados por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas.

Y en 2024 envió una carta al Senado y a la Cámara de Representantes para pronunciarse contra la Sección 828 de la S. 4628 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2025, la cual contiene el requerimiento para que las empresas que hagan negocios con el Ejército estadounidense deben aceptar proporcionar información al Departamento de Defensa sobre los materiales de reparación, incluidas las piezas para el mantenimiento para diagnosticar, mantener o reparar los bienes o servicio.

Por su parte, la NRA es el rostro de la defensa del derecho a portar armas a nivel individual, esta asociación cuenta con 5.5 millones de miembros y, de acuerdo con la organización The Trace, la cual se encarga de visibilizar la violencia por armas de fuego en Estados Unidos, en el año 2020, gastó alrededor de 23 millones de dólares en apoyo a candidaturas republicanas federales.

En 2016 financió con 10 millones de dólares la campaña presidencial de Donald Trump directamente, sin embargo, la asociación enfrentó varias demandas por incumplir los topes de financiamiento debido a que paralelamente gastó 20 millones más en una campaña de desprestigio contra la candidata demócrata, Hillary Clinton.

El verdadero poder de la NRA no radica en el dinero, sino en su capacidad de influir en los votantes que defienden su derecho a portar armas de manera legal.

Su intervención se da desde diversos ángulos, desde los más tradicionales, como el cabildeo político, la movilización de sus miembros, hasta el uso de la televisión con anuncios pagados, como ocurrió en 2020 con propaganda anti-Biden.

Un estudio realizado por Health Affairs, reveló que a lo largo de los cuatro ciclos electorales, entre 2012 y 2018, el 5% de los 14 millones de anuncios electorales de candidatos incluían referencias a las armas, de los cuales 51% eran pro-derecho de la portación de armas y 35% mencionan a la NRA.

La política en Estados Unidos y sus principales actores están íntimamente vinculados al sector armamentista, aunque sus declaraciones suelen ser contradictorias. Como es el caso del demócrata Bernie Sanders, quien en los últimos años fue conocido por oponerse a las políticas impulsadas por la NRA en el Congreso de EE. UU., sin embargo, en sus primeros años como congresista votó repetidamente contra las legislaciones que promueven el control del uso de armas, incluso en 2005 sufragó en favor de una iniciativa que protegía a los productores armamentistas.

Tras el tiroteo de 2017 en Las Vegas que cobró la vida de más de 58 personas, John McCain, el político estadounidense que más financiamiento ha recibido por parte de la NRA, con más de 7 millones de dólares, así como el actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha recibido más de 3 millones de dólares en financiamiento, aseguraron haber “orado por las víctimas”.