El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó públicamente que su gobierno autorizó durante años el envío de fondos desde Qatar al movimiento islamista Hamás en Gaza, con el objetivo estratégico de dividir a los palestinos y debilitar a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.
La declaración del mandatario israelí supone un reconocimiento de una política ampliamente criticada tanto dentro como fuera de Israel. Según Netanyahu, esta decisión fue respaldada por el gabinete de seguridad y recomendada por los servicios de inteligencia Shin Bet y el Mosad. Los pagos, que alcanzaban hasta 30 millones de dólares mensuales, fueron transferidos a través de canales diplomáticos y logísticos controlados por Israel, con destino a Gaza.
"Fue una estrategia deliberada", admitió Netanyahu. "Permitir estos fondos evitaba un colapso humanitario en Gaza, y al mismo tiempo mantenía a Hamás separado de la ANP, lo que nos beneficiaba estratégicamente". Esta política, implementada desde 2018, buscaba, según el primer ministro, reducir la presión diplomática internacional y contener el conflicto dentro de límites manejables.
Sin embargo, las repercusiones de este reconocimiento no se han hecho esperar. Analistas internacionales y sectores de la oposición israelí acusan a Netanyahu de haber fortalecido a la organización que posteriormente lideró el ataque del 7 de octubre de 2023, uno de los episodios más sangrientos en la historia reciente del conflicto israelo-palestino.
El escándalo también se vincula con la reciente polémica conocida como el "Qatargate", en la que se investiga si asesores cercanos al primer ministro recibieron pagos a cambio de facilitar acuerdos diplomáticos y económicos con Doha. El Tribunal Supremo israelí ha bloqueado recientemente la destitución del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, quien encabeza las pesquisas sobre el caso.
Desde Ramala, la ANP calificó la admisión de Netanyahu como "una prueba de la manipulación israelí para sabotear la causa nacional palestina", y pidió a la comunidad internacional que revise su posición frente a un gobierno que —según sus palabras— "fomenta la división interna como táctica de ocupación".
El reconocimiento plantea serias interrogantes sobre las consecuencias de las políticas a largo plazo de Israel en Gaza y sobre el papel de actores externos como Catar en el equilibrio de poder en la región. Mientras tanto, la sociedad israelí permanece profundamente polarizada entre quienes defienden las acciones de seguridad del gobierno y quienes exigen rendición de cuentas por lo que consideran una grave falla estratégica.