“La responsabilidad es de las plataformas”: Noruega alista restricción a redes a menores de edad

El gobierno de Noruega, encabezado por el primer ministro Jonas Gahr Støre, presentó un proyecto de ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, en una iniciativa que busca entrar en vigor en 2027 y que se inscribe en una tendencia internacional cada vez más amplia para regular la vida digital de niños y adolescentes.

La propuesta establece un criterio uniforme: la restricción se levantaría el 1 de enero del año en que los jóvenes cumplan 16 años. Con ello, el Ejecutivo noruego pretende limitar la exposición temprana a plataformas diseñadas bajo lógicas algorítmicas que incentivan el uso intensivo y prolongado.

“Queremos una infancia en la que los niños sean niños. Los juegos, el día a día y la amistad no deben estar controlados por algoritmos y pantallas”, sostuvo Støre al justificar la medida.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el traslado explícito de la responsabilidad hacia las empresas tecnológicas. A diferencia de modelos previos, la carga de hacer cumplir la norma no recaerá en los menores ni en sus familias, sino en las propias plataformas, que deberán implementar mecanismos efectivos de verificación de edad desde el primer día de entrada en vigor.

“Los niños y los jóvenes no deben tener en solitario la responsabilidad de no acceder a plataformas que no pueden usar. Esa responsabilidad descansa en las empresas”, ha insistido el gobierno noruego, en línea con un enfoque regulatorio que busca corregir fallas estructurales del entorno digital.

Este planteamiento responde a un problema de fondo: durante años, el acceso de menores a redes sociales ha dependido de controles débiles, como la autodeclaración de edad o supervisión parental limitada, lo que ha permitido que millones de niños utilicen plataformas pese a no cumplir con los requisitos mínimos. En Noruega, más del 50 por ciento de los niños de nueve años ya usan redes sociales.

El proyecto actual no surge de manera aislada. En 2024, el propio gobierno noruego ya había planteado elevar la edad mínima de acceso de 13 a 15 años, en un intento inicial por contener los efectos de los entornos digitales. La nueva iniciativa representa un endurecimiento claro: ya no solo se trata de limitar, sino de obligar a las plataformas a impedir el acceso.

En el plano social, la medida responde a un cambio profundo en la percepción del impacto de las redes sociales en la infancia. Estudios recientes han vinculado su uso intensivo con problemas de salud mental, exposición a contenido dañino, ciberacoso y dinámicas amplificadas por algoritmos que priorizan la interacción sobre el bienestar.

El caso de Australia se ha convertido en un referente. En 2024, ese país aprobó una legislación pionera que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años y también coloca la responsabilidad en las plataformas, obligándolas a impedir la creación de cuentas e incluso eliminar perfiles existentes. La medida ha evidenciado tanto el alcance como los retos de este tipo de regulaciones.

Este tipo de precedentes ha acelerado el debate en Europa, donde España, Francia, Dinamarca e Italia avanzan en iniciativas similares para restringir el acceso de menores o condicionar su uso.

Más allá del ámbito social, la discusión tiene una dimensión económica clave. Las plataformas digitales operan bajo modelos de negocio basados en la captación de atención, lo que ha colocado a los menores en el centro de un ecosistema que incentiva la permanencia constante en línea. En ese contexto, responsabilizarlas implica cuestionar directamente el diseño y los incentivos de la industria tecnológica.

Este cambio marca un giro relevante: la regulación ya no se limita a advertencias o educación digital, sino que apunta a modificar el funcionamiento de las plataformas, desde la verificación de edad hasta el diseño de sus sistemas de recomendación.

No obstante, la iniciativa enfrenta desafíos importantes. Experiencias internacionales han mostrado dificultades técnicas en la verificación de edad, riesgos en el manejo de datos personales y la posibilidad de que los menores evadan las restricciones mediante cuentas falsas o herramientas como VPN.

Aun así, el gobierno noruego apuesta por avanzar bajo la premisa de que el entorno digital actual no puede ser regulado únicamente desde la responsabilidad individual.

El proyecto deberá ser discutido en el Parlamento antes de finalizar el año, pero ya cuenta con respaldo político suficiente para avanzar. De aprobarse, Noruega no solo impondría una de las restricciones más estrictas del mundo, sino que consolidaría un cambio de fondo: trasladar la responsabilidad del entorno digital de los usuarios a las plataformas que lo diseñan.