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  • hace 5 días
  • 11:03
  • SPR Informa 6 min

Juzgará Supremo Tribunal de Brasil a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El Supremo Tribunal de Brasil resolvió, este miércoles 26 de marzo, abrir un proceso penal en contra del expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus colaboradores por el presunto intento de golpe de Estado realizado el 8 de enero de 2023.  

Tras una serie de audiencias en las que se deliberó sobre las implicaciones de Bolsonaro en el asalto al Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto en Brasilia, realizado en enero de 2023 por simpatizantes del exmandatario, el Supremo Tribunal aceptó los cargos presentados por el fiscal general Paulo Gonet en contra de Bolsonaro y otras 33 personas, quien los acusó de intentar un golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022, en el que se pretendía envenenar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y atentar contra un juez de la Corte Suprema.  

El panel de jueces determinó que también siete de los colaboradores del ultraderechista, entre quienes se encuentra Walter Souza Braga Netto, su candidato a vicepresidencia, y otros líderes militares y políticos,  deberán ser juzgados por cinco cargos: intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del estado de derecho democrático, daño caracterizado por la violencia y una amenaza grave contra los bienes del Estado y deterioro del patrimonio catalogado.  

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Esta resolución abre una primera etapa del proceso penal en la que se recabarán pruebas, se llevarán a cabo más audiencias e interrogatorios para que el Supremo Tribunal decida la resolución final. De acuerdo con la legislación brasileña, la condena por golpe de Estado conlleva por sí sola 12 años de prisión, por lo que, de ser declarado culpable, Bolsonaro podría pasar décadas en prisión.  

El expresidente brasileño, por su parte, ha expresado su inocencia en reiteradas ocasiones y se ha autodenominado como perseguido político.  

Mientras la audiencia tenía lugar, aprovechó para compartir un amplio mensaje a través de sus redes sociales en donde consideró que “la motivación [del proceso penal] no es jurídica, sino política: el tribunal pretende impedir que me juzguen en 2026, como quieren impedir que me presente libre a las elecciones porque saben que, en una contienda justa, no hay ningún candidato capaz de ganarme”. 

“Todo el mundo dice que el proceso concluirá a finales de 2025, aunque no hay precedentes de tanta rapidez en un caso de esta dimensión. ¿Y por qué? Porque todos saben que lo que está ocurriendo es, en realidad, una especie de atentado jurídico contra la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial, sesgada y abiertamente injusta por un ponente completamente comprometido y desconfiado, cuyo objetivo es vengarse, deteniéndome y eliminándome de las urnas. Porque todos saben que, con mi nombre en la carrera, mi victoria y la conquista de la mayoría en el Senado son resultados ineludibles. Así de simple”, afirmó.