Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunció una inminente ofensiva “sin precedentes” en el sur de la Franja de Gaza, en un nuevo y alarmante capítulo del conflicto que sacude la región desde principios de año. La operación busca “destruir completamente las capacidades terroristas” de Hamás en zonas clave del sur del enclave palestino, según informó el portavoz militar israelí, teniente coronel Avichai Adraee.
En preparación para el ataque, Israel ha ordenado la evacuación inmediata de prácticamente toda la región sur de Gaza, incluyendo las ciudades de Jan Yunis, Bani Suheila, Abasan y Al Qarara. Las autoridades israelíes han instado a la población civil a trasladarse a Al Mawasi, una zona costera declarada “área humanitaria”, aunque organismos internacionales advierten que el lugar carece de infraestructura suficiente para albergar a decenas de miles de desplazados.
La decisión llega después de un ataque aéreo israelí que destruyó una escuela utilizada como refugio por familias desplazadas, causando la muerte de al menos 36 personas, entre ellas 18 menores. Las imágenes de la tragedia han desatado condenas internacionales y reavivado las críticas hacia la estrategia militar israelí.
Según cifras de fuentes médicas y organismos humanitarios, desde la reanudación de las hostilidades en enero de 2025, más de 54,000 palestinos han muerto y al menos 123,000 han resultado heridos, mientras la población civil enfrenta condiciones de vida extremas, con escasez de alimentos, agua y atención médica.
En medio de esta escalada, el gobierno español ha intensificado su postura crítica hacia la actuación israelí. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la comunidad internacional —y en particular a la Unión Europea— a cesar toda exportación de armas a Israel. España ya había suspendido sus propias ventas de armamento desde octubre de 2023, pero ahora busca impulsar un embargo a nivel europeo.
Además, el Congreso de los Diputados de España aprobó tramitar con carácter urgente una proposición de ley para prohibir el comercio de armas con países que violen gravemente el derecho internacional humanitario, específicamente señalando a Israel. Durante la reciente cumbre del Grupo de Madrid, el gobierno español también propuso suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel y reconoció la necesidad de facilitar el reconocimiento del Estado palestino.
En paralelo, Hamás ha anunciado su disposición a aceptar una tregua de 60 días que incluiría la liberación de rehenes israelíes a cambio de la entrada de ayuda humanitaria y el cese de hostilidades. La propuesta, mediada por Egipto, Catar y Estados Unidos, aún no ha recibido una respuesta oficial por parte del gobierno israelí.
La comunidad internacional ha instado a ambas partes a evitar una escalada mayor y retomar el diálogo. Sin embargo, en el terreno, la tensión continúa creciendo. La anunciada ofensiva en el sur podría marcar un punto de inflexión en el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias ya son calificadas de catastróficas.
Mientras tanto, cientos de miles de civiles palestinos se ven forzados a huir una vez más, en medio del temor de una ofensiva que promete ser de una intensidad sin precedentes en la historia reciente del conflicto.