Cumple Trump un año de su segundo mandato, marcado por una ofensiva sin precedentes contra migrantes y ciudades santuario

Este martes 20 de enero se cumple un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, una segunda administración caracterizada por un endurecimiento drástico de la política migratoria, marcada por redadas masivas, restricciones a la figura de asilo político y una confrontación abierta con las llamadas ciudades santuario, a las que acusa de obstaculizar la aplicación de la ley federal.

Desde el primer día de su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas para prohibir la admisión de solicitantes de asilo que llegaban desde decenas de países, incluido México, y ordenar operativos a gran escala para detener a personas migrantes. En ese contexto, afirmó que utilizaría “todo el inmenso poder de las fuerzas del orden federales” para eliminar redes criminales extranjeras, discurso que organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron como la base de una campaña de detención “sin precedentes y en drástica escalada”, respaldada por una inyección de 170 mil millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional.

La aplicación de estas medidas derivó en episodios de violencia que generaron amplia condena pública. El punto más crítico ocurrió el 7 de enero de 2026, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó a la ciudadana estadounidense Rene Nicole Good en Minneapolis, Minnesota, hecho que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios.

Paralelamente, Trump relanzó su ofensiva contra las ciudades santuario, jurisdicciones que limitan su cooperación con autoridades migratorias federales, retomando una estrategia ya intentada durante su primer mandato. El 20 de enero de 2025 firmó la Orden Ejecutiva 14-159, que contempla el bloqueo de fondos federales y posibles sanciones a estas jurisdicciones. Un mes después, la Orden Ejecutiva 14-218 instruyó a agencias federales a evitar que recursos públicos faciliten políticas de protección a migrantes.

La confrontación escaló el 28 de abril de 2025, cuando Trump firmó la orden “Proteger a las comunidades estadounidenses de criminales extranjeros”, que obliga al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a publicar listas de estados y ciudades que, a juicio del Ejecutivo, obstruyen la ley migratoria. Estas acciones impactaron directamente a estados con políticas pro-santuario como California, Nueva York, Illinois y Washington, así como al Distrito de Columbia.

Las redadas y amenazas federales provocaron protestas en varias ciudades. El 12 de junio de 2025, operativos antimigrantes en Los Ángeles derivaron en manifestaciones masivas y un toque de queda. En respuesta, Trump amagó con desplegar a la Guardia Nacional e incluso al Ejército si las protestas se extendían. Mientras tanto, líderes republicanos como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldaron la línea dura y calificaron a las ciudades santuario como un riesgo para la seguridad pública.

Gobernadores demócratas, entre ellos Gavin Newsom (California), Kathy Hochul (Nueva York) y Tim Walz (Minnesota), rechazaron el uso de fuerzas militares y exigieron una política migratoria integral, humana y eficaz, subrayando que la protección a migrantes es una obligación legal y moral.

El conflicto derivó en una serie de batallas legales. El 5 de agosto de 2025, el DOJ y el DHS publicaron una lista de 13 estados, 18 ciudades y cuatro condados señalados por obstaculizar la ley migratoria, lo que desencadenó demandas federales y presiones legales que llevaron a algunas ciudades, como Louisville, a modificar sus políticas. Sin embargo, tribunales federales bloquearon varios intentos del Ejecutivo de retener fondos, al considerar que el presidente no tiene facultades para condicionar recursos aprobados por el Congreso, protegiendo a ciudades como San Francisco, Portland y Seattle.

Pese a estos reveses judiciales, Trump redobló su postura y el 13 de enero anunció que a partir del 1 de febrero de 2026 se suspenderían los pagos federales a ciudades y estados santuario, y tres días después reiteró la amenaza de invocar la Ley de Insurrección contra entidades que no cooperen con el ICE. 

Por su parte, la Casa Blanca difundió el documento “El desafío del santuario de Minnesota tiene consecuencias”, en el que acusa a autoridades locales de obstaculizar la labor migratoria.

Al cumplirse el primer año de su segundo mandato, la política migratoria de Trump se consolida como uno de los ejes más polémicos de su administración, con una estrategia de mano dura que ha intensificado la expulsión de personas migrantes, profundizado la confrontación con gobiernos locales y abierto un frente constante de विवाद legal y político en todo el país.

Otras acciones

Estas medidas se sumaron a la imposición de aranceles a nivel mundial impulsada por Trump, una política que provocó una contracción de las importaciones y el consecuente encarecimiento de bienes de consumo para la población estadounidense, con impactos directos en la inflación y el poder adquisitivo.

En el ámbito de la política exterior y de cooperación, el mandatario ordenó el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que brindaba apoyo a organizaciones sociales y de derechos humanos en diversas regiones del mundo. La organización OXFAM denunció que estos recortes contribuyeron a la muerte de alrededor de 200 mil niñas y niños durante el último año en países de Asia y África, al afectar programas de salud, alimentación y asistencia humanitaria.

Dentro de Estados Unidos, la segunda administración de Trump avanzó en un proceso de despidos graduales pero generalizados al interior de las dependencias federales, como parte de una reconfiguración del aparato gubernamental bajo criterios de seguridad y control presupuestal.

En la relación con México, la Casa Blanca colocó la Agenda de Seguridad Nacional como eje central, mediante mecanismos que, según el propio gobierno estadounidense, buscan frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de armas desde territorio estadounidense hacia México, lo que generó nuevas tensiones bilaterales.

En el plano regional, el gobierno de Trump intensificó acciones militares en el Caribe y el Pacífico, incluyendo ataques contra embarcaciones que acusó, sin presentar pruebas, de transportar drogas, operativos que dejaron más de 70 personas muertas. Esta escalada culminó el 3 de enero con el ingreso de milicias estadounidenses a Venezuela con el objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro, acción que desató una fuerte condena internacional.

Así, a un año del inicio de su segundo mandato, Donald Trump enfrenta un escenario de tensiones dentro de EE.UU. y a nivel global a unos meses de las elecciones intermedias que medirán el nivel de respaldo ciudadano a su administración.