Estados Unidos debe revisar sus propias acciones en la lucha contra el narcotráfico y no amenazar a México, afirma el medio estadounidense The Hill. El análisis señala que las acusaciones del presidente de Estados Unidos y la posibilidad de operaciones militares no han logrado detener el consumo de narcóticos dentro de la Unión Americana.
En un artículo publicado el 21 de enero, Chris Shays y Richard Sweet sostienen que las acciones del mandatario estadounidense tampoco han desmantelado a los grupos criminales. Por el contrario, advierten que insistir en una estrategia de fuerza ignora las causas estructurales del narcotráfico, un enfoque que, señalan, el gobierno mexicano sí ha priorizado y Trump ya considera replicar.
Atacar a México no solo sería contraproducente, sino ineficaz: no detendría ni el flujo ni el consumo de drogas. El crimen organizado se sostiene gracias al armamento que proviene de Estados Unidos y a una base constante de consumidores dispuestos a pagar por las dosis de estupefacientes.
La única alternativa real, subraya el artículo, es atender el problema “desde casa”: reducir la demanda interna de drogas y cortar el suministro de armas hacia el sur, si se busca una disminución genuina del tráfico en las calles estadounidenses.
Shays y Sweet destacan además que la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado las operaciones contra el narcotráfico en coordinación con agencias gubernamentales de Estados Unidos, con resultados favorables. Según funcionarios estadounidenses, incluidos líderes de la DEA, los flujos de drogas, en particular de fentanilo, han disminuido de forma significativa.
Un reporte de la DEA (Drug Enforcement Administration) publicado en mayo indica que las incautaciones mensuales promedio de fentanilo bajaron de aproximadamente 771 kilogramos en 2024 a cerca de 338 kilogramos en 2025, lo que representa una reducción interanual superior al 50 %. Gran parte de esta caída se atribuye a las iniciativas conjuntas entre ambos países para combatir los precursores químicos y fortalecer la capacitación en interdicción.
De igual forma, numerosos productores de fentanilo con base en México enfrentan dificultades para obtener precursores químicos clave, una señal clara de que la aplicación coordinada de la ley está interrumpiendo las cadenas de suministro de opioides sintéticos.
Las extradiciones de líderes de cárteles y la presión sobre sus redes financieras han aumentado, reflejando un fortalecimiento de las investigaciones, mayor enfoque en las cúpulas criminales y un intercambio de inteligencia más eficaz con Estados Unidos. Estos avances, reconocidos en 2025 por el secretario de Estado Marco Rubio, muestran una cooperación bilateral inédita que, dijo, respeta la soberanía y genera resultados concretos.
Sin embargo, esta coordinación podría verse seriamente afectada por cualquier acción militar estadounidense. Un ataque, incluso limitado, violaría la soberanía mexicana y rompería la confianza que sostiene la cooperación en inteligencia, extradiciones y finanzas, fracturando una alianza que ha demostrado ser efectiva.
Quienes impulsan una escalada militar subestiman sus riesgos: los cárteles no son enemigos convencionales, sino redes descentralizadas integradas a sistemas comerciales y financieros, capaces de responder de forma asimétrica mediante sabotajes a puertos, rutas de transporte o infraestructura energética, en lugar de enfrentar directamente a fuerzas estadounidenses.
Además, una acción militar tendría efectos económicos y políticos graves: afectaría el suministro energético, México es el principal importador de gas natural estadounidense, y podría reforzar a los cárteles al presentarlos como defensores ante una agresión externa, debilitando la legitimidad del Estado y desestabilizando una cooperación que hoy muestra resultados.
Pero la omisión más evidente en los llamados a una escalada militar es la propia responsabilidad de Estados Unidos. La demanda interna de drogas sigue siendo el principal motor del poder de los cárteles: millones de estadounidenses consumen estupefacientes cada año y el país concentra la mayor parte del consumo mundial de fentanilo, lo que mantiene viva la oferta pese a cualquier amenaza externa.
A ello se suma el flujo constante de armas de origen estadounidense hacia México, muchas de ellas de alto poder, que fortalecen a los cárteles y superan la capacidad de las autoridades locales. Pese a ello, los esfuerzos para frenar el tráfico ilegal de armas hacia el sur continúan siendo insuficientes y relegados políticamente.
Si Washington buscara debilitar realmente a los cárteles, priorizaría la cooperación con México, reforzaría el combate al tráfico de armas y atacaría la demanda interna mediante prevención y tratamiento. Más que coerción, argumentan que el desafío exige responsabilidad compartida: asumir el papel de Estados Unidos en la crisis y fortalecer una alianza que ya está dando resultados.