Tras la firma de la orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump para eliminar la financiación federal a NPR y PBS, los directivos de ambas organizaciones y de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) respondieron con firmeza, calificando la medida como “flagrantemente ilegal” y anunciaron que promoverán acciones legales para impugnarla.
Por su parte, Paula Kerger, presidenta y directora ejecutiva de PBS, calificó la orden como "abiertamente ilegal" y expresó su preocupación por el impacto que tendría en los servicios esenciales que PBS y sus estaciones locales afiliadas brindan al público estadounidense. Asimismo, destacó que la medida podría perturbar la programación educativa y cultural que ha sido una parte integral del servicio público durante décadas.
Por otro lado, NPR emitió un comunicado en el que defendió su independencia editorial y su misión de servicio público; en el texto, señaló que la decisión no se trata de equilibrar el presupuesto federal, como argumentó el presidente estadounidense, sino de un intento de "silenciar voces críticas".
Patricia Harrison, presidenta y directora ejecutiva de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), argumentó que la corporación es una entidad privada sin fines de lucro establecida por el Congreso y, por lo tanto, no está sujeta a la autoridad directa del presidente. La CPB ya había presentado una demanda contra la administración Trump por intentar destituir a tres de los cinco miembros de su junta directiva, lo que consideró una extralimitación de poder que podría paralizar sus operaciones.
Bajo el título "Ending Taxpayer Subsidization of Biased Media", la orden sostiene que NPR y PBS presuntamente ofrecen una cobertura parcial y sesgada, y por tanto no deben seguir recibiendo fondos del erario. Aunque el financiamiento federal representa una parte menor del presupuesto total de estas redes (alrededor del 1% en el caso de NPR y un 16% para PBS), muchas estaciones locales —especialmente en zonas rurales— dependen casi por completo de estos recursos.
Más allá del aspecto legal, esta disputa ha reavivado el debate sobre el papel de los medios públicos en la democracia estadounidense. Diversos analistas y organizaciones de libertad de prensa han advertido que la orden ejecutiva representa una amenaza directa a la independencia editorial y un intento por amordazar voces críticas del gobierno.