Argentina: a 50 años del golpe de Estado, entre la memoria y la negativa oficial

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas ejecutaron un golpe de Estado contra la presidenta Isabel Perón y su gabinete, estableciendo hasta 1983 un régimen de terrorismo de Estado y exterminio contra disidencias políticas, con apoyo de Estados Unidos, que dejó, según organismos internacionales, cerca de 30 mil desaparecidos. Hoy en día, el presidente argentino, Javier Milei,  mantiene una postura que relativiza la magnitud de los hechos y se aferra a la visión de los “dos demonios” que se confrontaron en esos años.

Tras el golpe efectuado la madrugada del 24, las Fuerzas Armadas instituyeron una junta militar integrada por Jorge Rafael Videla, del Ejército; Emilio Massera, de la Armada; y Orlando Agosti, de la Fuerza Aérea, que estableció el llamado Proceso de Reorganización Nacional, el cual “pretendía” devolver la paz y la estabilidad política, social y económica tras lo que calificaron como un régimen peronista débil, rebasado por la violencia de guerrillas, iniciado por Juan Domingo Perón y sucedido a su muerte por su viuda, Isabel Perón. Sin embargo, el plan derivó en un verdadero exterminio ideológico y en uno de los periodos más crueles de la historia de Argentina y del siglo XX.

Bajo el marco de la “reorganización nacional”, la junta combinó fuerzas con grupos paramilitares de extrema derecha, como la Alianza Anticomunista Argentina, que perseguían a opositores ideológicos. Los abusos no se limitaron al ámbito político, sino que alcanzaron a minorías y a cualquier crítico del régimen o relativa amenaza, derivando en un sistema de terrorismo de Estado que se extendió hasta el retorno a la democracia en diciembre de 1983, tras la victoria electoral de Raúl Alfonsín y el fin de la dictadura cívico-militar.

EL GOBIERNO DE ISABEL PERÓN 

En 1973, Juan Domingo Perón, quien previamente gobernó Argentina en la década de los 50, regresó del exilio y lanzó su campaña presidencial, acompañado de su tercera esposa, María Estela Martínez, conocida como Isabel Perón, a quien designó como su vicepresidenta ese mismo año.

Perón falleció en julio de 1974, e Isabel asumió la presidencia, convirtiéndose no solo en la primera mujer presidenta de Argentina, sino también en el mundo. Sin embargo, desde 1973 el país ya enfrentaba un contexto social complejo, profundamente dividido en lo político, con una inflación que para 1975 alcanzó casi el 100% y una creciente influencia de las Fuerzas Armadas, que vieron en su gobierno una oportunidad. 

La presidencia de Isabel se vio rodeada de una mayor turbulencia y de un gabinete calificado por la prensa de la época como ineficiente. A pesar de ello, ella mantuvo el respaldo institucional y democrático, y rechazó renunciar en múltiples ocasiones. No obstante, incorporó a Jorge Rafael Videla como comandante en jefe del Ejército en agosto de 1975, una decisión que resultaría clave en el desarrollo posterior de los acontecimientos.

Ante la escalada de violencia de los grupos guerrilleros, y en medio de una fuerte inestabilidad, su gobierno firmó los decretos para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Esto otorgó a las Fuerzas Armadas facultades para intervenir en la seguridad interior y marcó el inicio de un proceso de debilitamiento del poder civil.

Aunque el golpe de Estado era una posibilidad cada vez más evidente y comentada por distintos sectores de la sociedad y la prensa, la magnitud de la violencia que vendría después resultó, para muchos, inesperada.

Injerencia de Estados Unidos

El golpe, organizado por las Fuerzas Armadas y respaldado por cúpulas conservadoras, también contó con un contexto de injerencia estadounidense. Previamente, golpes militares como el de Golpe de Estado en Brasil de 1964 y el de Golpe de Estado en Chile de 1973, así como el proceso autoritario en Uruguay, configuraron un escenario regional de represión coordinada, en el que Estados Unidos tuvo influencia a través del Plan Cóndor y de figuras como Henry Kissinger.

Un informe desclasificado de 1976 señala que Henry Kissinger, entonces secretario de Estado durante los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford, sostuvo reuniones con el canciller de la dictadura argentina, César Augusto Guzzetti. Meses después, en un encuentro en Santiago de Chile, le expresó: “Si hay cosas que tienen que hacerse, deben hacerlas rápidamente. Pero deben volver lo más rápido posible a los procedimientos normales”.

Tras esa reunión, la dictadura argentina interpretó que contaba con el respaldo de la Casa Blanca. A partir de entonces se registró uno de los periodos de mayor intensidad en desapariciones y ejecuciones.

La violencia y las madres de plaza de mayo

La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla y la cúpula militar, alineada con sectores conservadores y de ultraderecha, dejó cerca de 30 mil desaparecidos, alrededor de 500 bebés raptados y más de 600 centros clandestinos de detención y tortura, instalados en espacios tan cotidianos como escuelas, sótanos o talleres. Fue el régimen que sistematizó los llamados “vuelos de la muerte”: arrojar personas vivas al mar desde aviones militares para desaparecer sus cuerpos.

En 1979, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó ante la comunidad internacional la magnitud de la violencia estatal, al recibir miles de denuncias de víctimas y familiares, en un contexto donde el régimen intentaba ocultar las violaciones a derechos humanos.

Ante el miedo y la incertidumbre, las madres de los primeros desaparecidos comenzaron a congregarse en la Plaza de Mayo, en el centro de la capital argentina, Buenos Aires, donde exigían saber el paradero de sus hijos. Con el paso del tiempo, ese movimiento se consolidó como uno de los símbolos más importantes de resistencia frente a la dictadura, dando origen a organizaciones como las Madres de Plaza de Mayo, cuya lucha se mantuvo incluso tras el retorno a la democracia. Su movimiento ha logrado encontrar a 140 de esos menores que fueron arrebatados durante la dictadura.

Milei, el negacionismo oficial y la cifra de desaparecidos

Javier Milei defiende hoy la teoría de los “dos demonios”, al plantear un enfrentamiento entre dos fuerzas. Si bien en entrevistas durante su candidatura presidencial en 2023 y ya en el cargo no ha negado la brutalidad del régimen, sostiene una narrativa en la que la oposición y distintos sectores han promovido, según él, una visión “tuerta de la historia”, centrada únicamente en las víctimas de izquierda y que deja de lado a las víctimas de las guerrillas, como las del Ejército Revolucionario del Pueblo o los Montoneros.

Sin embargo, la evidencia histórica muestra que el aparato estatal volcó la violencia de forma sistemática contra civiles: obreros, estudiantes y periodistas. No se trató de “excesos” individuales, sino de una política organizada de exterminio.

Por otra parte, las cifras en Argentina, a 50 años, siguen siendo una realidad dolorosa. Las estimaciones de organismos internacionales como Amnistía Internacional y de colectivos como las Madres de Plaza de Mayo sitúan en alrededor de 30 mil el número de desaparecidos.

Por su parte, Javier Milei sostiene que fueron 8,753 las personas desaparecidas durante el régimen, una cifra menor a la documentada en el informe “Nunca Más”, elaborado por la CONADEP en 1984, que registró 8,961 casos. No obstante, el propio informe aclaró que se trataba de una cifra provisoria, limitada por el miedo y el silencio de muchas familias de víctimas que no denunciaron en ese momento.

Marchas por el 50 aniversario

En una marcha encabezada por las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, decenas de miles de personas tomaron las calles de Buenos Aires para conmemorar los 50 años del golpe. Bajo la consigna «Nunca más», que marcó a generaciones, la movilización se extendió a lo largo del kilómetro que separa la Plaza de Mayo de la avenida 9 de Julio, desbordando las calles aledañas, completamente abarrotadas. Memoria, Verdad y Justicia.