El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, fue "arbitraria".
El organismo recomendó al Estado peruano ordenar su liberación inmediata, otorgarle una reparación e investigar las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso.
Los especialistas de la ONU señalaron que Castillo no podía ser detenido mientras mantuviera el fuero presidencial y antes de que el Congreso aprobara el levantamiento de su inmunidad. También cuestionaron que la orden de detención fuera emitida por el Ministerio Público, al considerar que no es una autoridad judicial independiente.
En el documento de 19 páginas, el GTDA señaló que la privación de la libertad de Castillo careció de sustento legal y que durante el proceso no se respetaron garantías fundamentales del debido proceso. Además, consideró que el Estado peruano habría vulnerado los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, las conclusiones del grupo no son vinculantes.
“El Grupo de Trabajo pide al gobierno del Perú que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del señor Castillo sin dilación”, señala el trabajo. Y va más allá: considera que “el remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”. Expresa el texto.
Asimismo, indicaron que el exmandatario no fue notificado oportunamente para ejercer su defensa antes de la vacancia por incapacidad moral permanente y que, en la audiencia de prisión preventiva, fue representado por un defensor público designado sin su consentimiento y sin tiempo suficiente para revisar el expediente.

En conferencia de prensa, y horas antes de que el Congreso peruano que planteara una moción de destitución en contra del presidente, Pedro Castillo anunció el 7 de diciembrede 2022 la disolución temporal del Congreso peruano y llamó a instaurar un gobierno de emergencia excepcional tras intentos previos por vacarlo.
“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho. (...) Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, declaró Pedro Castillo en conferencia de prensa.
Castillo señaló entonces la necesidad de convocar a unas nuevas elecciones para el Congreso y elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses. También declaró "en reorganización" el sistema de justicia: Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional.

Ese mismo día, el Ministerio Público de Perú detuvo al expresidente, Pedro Castillo, por el presunto delito de rebelión y quebrantamiento del orden constitucional, regulado en el artículo 346 del Código Penal.
La detención ocurrió la tarde del 7 de diciembre luego de que el expresidente anunció la disolución del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.
“Condenamos el quebrantamiento del orden constitucional. La Constitución Política del Perú consagra la separación de poderes y establece que el Perú es una república democrática y soberana (…) Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales”, señaló un comunicado de pronunciamiento.

Pedro Castillo (1969) fue presidente de Perú entre 2021 y 2022, izquierdista y de la mano del partido Perú Libre. Fue destituido y detenido el 7 de diciembre de 2022, luego de anunciar la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
La Fiscalía le imputa los delitos de rebelión (posteriormente reclasificado en parte del proceso), abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, entre otros relacionados con el intento de ruptura del orden constitucional.
Desde su detención ha solicitado en diversas ocasiones su libertad a sus sucesores, como Dina Boluarte, José Jerí y el actual mandatario interino, José María Balcázar. Castillo solicita el cese de la prisión preventiva, pero no ha presentado solicitudes formales de indulto, ya que esta figura solo puede concederse a personas con una sentencia firme.