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Israel aprueba pena de muerte por terrorismo

El pleno de la Knéset, el Parlamento israelí, aprobó este lunes 30 de marzo una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por terrorismo.

El Parlamento israelí aprobó la iniciativa con 62 votos a favor y 46 en contra. La propuesta fue impulsada por el partido de ultraderecha y nacionalistas, el Otzma Yehudit y respaldada por su líder, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, que fue presentada y aprobada en comisiones parlamentarias el pasado 25 de marzo 

¿Qué implica la nueva ley?

La legislación establece que la pena de muerte deberá entrar en vigor en un plazo de 30 días; sin embargo, se prevé que organizaciones de derechos humanos presenten recursos ante la Corte Suprema de Israel en su contra.

La ley no se aplicará de forma retroactiva ni a los presuntos responsables de los atentados terroristas del 7 de octubre, aunque sus promotores han intentado vincular ambos temas.

La ley aprobada reduce significativamente el umbral para aplicar la pena de muerte. Según el texto, su objetivo es “establecer la pena de muerte para terroristas que llevaron a cabo ataques mortales, como parte de la lucha contra el terrorismo”. 

También establece que quien cause la muerte de otra persona con el objetivo de dañar a un ciudadano o residente de Israel y con el propósito de negar la existencia del Estado será condenado a muerte o a cadena perpetua, como únicas penas posibles. La propuesta contempla dos vías: una para tribunales civiles en Israel y otra para tribunales militares en Cisjordania ocupada, que juzgan exclusivamente a palestinos bajo ley militar.

En estos tribunales militares, los palestinos acusados de terrorismo enfrentarán, en principio, una condena obligatoria a pena de muerte, ya que “su única pena será la muerte”, salvo que el tribunal determine la existencia de “razones especiales” para sustituirla por cadena perpetua. Además, la ley elimina la exigencia de unanimidad entre los jueces, al permitir que baste una mayoría simple, y reduce de forma considerable las posibilidades de apelación.

El Servicio Penitenciario de Israel deberá ejecutar la sentencia en un plazo de 90 días. Según el proyecto, el primer ministro podrá solicitar al tribunal que dictó la condena una prórroga de hasta 180 días. La ejecución, por ahorcamiento, será realizada por un funcionario del servicio penitenciario.

En paralelo, podría someterse a votación en la Knéset otro proyecto: la iniciativa para crear un tribunal especial. Esta propuesta contempla la instauración de una instancia militar que podría imponer la pena de muerte a personas acusadas de participar en los ataques del 7 de octubre.

Crítica y rechazo de la comunidad internacional

Organizaciones de derechos humanos y la oposición parlamentaria advierten sobre las graves violaciones que podrían derivarse de la aplicación de la ley, además de calificarla como un intento abiertamente racista y discriminatoria, al señalar que las condenas recaerían principalmente en prisioneros de origen palestino.

Según el derecho internacional, el Parlamento israelí no debería legislar en Cisjordania, ya que no es territorio soberano de Israel. Muchos miembros de la coalición de extrema derecha de Netanyahu buscan anexar esa región. La directora ejecutiva de la organización de derechos humanos B'Tselem, Yuli Novak, declaró que “Israel está alcanzando un nuevo mínimo en la deshumanización de los palestinos, consagrando su trato cruel en la legislación estatal. Ya mata a palestinos de forma sistemática y no enfrenta ninguna exigencia de rendición de cuentas”.

La comunidad europea también expresó su preocupación. Los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido instaron a los responsables en la Knéset y al Gobierno israelí a abandonar el plan, según un comunicado publicado el domingo por el Ministerio de Exteriores alemán en Berlín.

Por su parte, las Naciones Unidas a través de la Oficina de Derechos Humanos por Palestina, instó a Israel que debe “derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por el Parlamento, ya que contraviene el derecho internacional”

Si bien Israel contempla la pena de muerte como posible castigo para actos de genocidio, espionaje en tiempos de guerra y ciertos delitos de terrorismo, el país no ha ejecutado oficialmente a nadie desde el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962. El presente plan culmina años de intentos de sectores ultraconservadores por reinstaurar la pena capital de manera formal.