Los estados de Minnesota e Illinois presentaron este 12 de enero demandas por separado contra la administración del presidente Donald Trump, al argumentar que la intensificación de las operaciones migratorias federales está aterrorizando a sus comunidades, vulnerando derechos constitucionales y afectando la seguridad pública.
Las acciones legales se tomaron contra el Departamento de Seguridad Nacional y su secretaria, Kristi Noem, así como contra agencias dependientes como ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza. A las demandas se sumaron ciudades como Chicago, Minneapolis y Saint Paul.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, afirmó que agentes federales “sin control” han atacado de manera agresiva a comunidades y vecindarios, socavando derechos constitucionales. En ambos estados, autoridades locales denunciaron que el Gobierno federal ha intensificado operaciones en bastiones demócratas, generando caos y confusión.
Las demandas solicitan una orden judicial para frenar las operaciones migratorias en sus territorios. Minnesota e Illinois sostienen que estas acciones violan la Décima Enmienda de la Constitución al imponer una “invasión federal” y confiscar recursos locales para la aplicación de leyes migratorias.
Ambos estados también argumentan que la ofensiva migratoria responde a represalias políticas. La demanda de Minnesota señala que la Operación Metro Surge busca castigar a un estado gobernado por demócratas, mientras que Illinois sostiene que la administración Trump ha dirigido históricamente amenazas contra gobiernos locales que limitan la cooperación con autoridades migratorias federales.
Las denuncias incluyen señalamientos de tácticas consideradas ilegales y excesivas, como patrullajes itinerantes, arrestos sin orden judicial, uso de gas lacrimógeno, incursiones en propiedades privadas y operaciones en lugares sensibles como escuelas y hospitales.
Minnesota acusa además discriminación racial sistemática, particularmente contra comunidades somalíes e hispanas, y documenta detenciones de ciudadanos estadounidenses basadas únicamente en su origen étnico percibido.
Finalmente, los gobiernos estatales advirtieron que no se vislumbra un fin para estas operaciones. Autoridades federales han anticipado una presencia prolongada en ciudades como Chicago y Minneapolis, mientras que se prevé el envío de más agentes adicionales, lo que, según las demandas, podría agravar aún más la tensión social y el impacto en las comunidades locales.