https://www.sprinforma.mx/noticia/sin-conocer-pruebas-juez-da-carpetazo-a-denuncia-por-concesion-en-viaducto-bicentenario
6 min Sin conocer pruebas y argumentos de las partes, el juez penal federal del Altiplano Daniel Ramírez Peña dio carpetazo a una denuncia emprendida por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la constructora española Aleática, antes OHL-México, por el delito de Explotación de un bien de la Nación que permitió el saqueo de más de 8 mil millones de pesos.
En el 2008, el Estado de México, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario S. A. de C. V., subsidiaria de Aleática, la concesión de la vialidad. Este hecho representa un acto de ilegalidad, dado que incurre en el delito de “explotación de un bien de la nación”, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.
De acuerdo con el artículo 150 de esta Ley, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la única autoridad competente para otorgar concesiones, permisos o autorizaciones de esa naturaleza, ningún gobierno o dependencia local, en este caso el Gobierno del Estado de México, posee dichas atribuciones.
De acuerdo con la FGR, el 12 de marzo de 2024 el juez Daniel Ramírez Peña emitió su veredicto “antes de conocer pruebas y argumentos de las partes”, “actuando con injusticia”, cuestión señalada por la Representación Social de la Federación durante la audiencia.
El caso investigaba a cuatro exfuncionarios del gobierno del Estado de México y a tres directivos y ejecutivos de Aleática por los delitos de explotación ilegal de un bien público y asociación delictuosa.
Según la Fiscalía, esta acción ha contribuido al saqueo de más de 8 mil millones de pesos, que corresponden al 99.5% de los ingresos de esa vía federal.
Al menos desde hace diez años el abogado Paulo Díez Gargari ha emprendido una lucha jurídica en contra de quien resulte responsable de concesionar una vialidad de jurisdicción federal, develando así el entramado de corrupción entre funcionarios priístas del Estado de México que entregaron a particulares bienes nacionales.
Asimismo, tanto en el 2011 como en el 2020 la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló la ilegalidad y la presunción del delito federal.
Ante el revés judicial, la FGR señaló que iniciará un juicio correspondiente en contra del juez Daniel Ramírez Peña, “independientemente de los recursos que la ley permite.”
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