La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los Congresos locales tendrán la última palabra para aprobar o no el desafuero de gobernadores y servidores estatales.
El proyecto tiene como antecedente cuando la Corte avaló la reforma a la Constitución de Tamaulipas que permitió al Congreso estatal no homologar la declaración de procedencia del Congreso de la Unión, en su momento, para no permitir el desafuero del gobernador de la entidad, Javier García Cabeza de Vaca.
El argumento presentado por el Pleno fue que no se generarían “mantos de impunidad”, mientras que la ministra Margarita Ríos Farjat, quien expuso el proyecto, aclaró que, en casos de investigaciones penales, se podrá proceder cuando el funcionario concluya su cargo.
“Las facultades de la entidad perseguidora federal no se ven mermadas porque no se retire la inmunidad a funcionarios locales, pues es prerrogativa del estado esa decisión y por ello no prescriben las conductas punibles, de manera que se puede proceder en contra de funcionarios locales una vez que dejen el cargo público que ostentan”, señaló la ministra.
Por otro lado, las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres se pronunciaron en contra del dictamen, argumentando que habrá impunidad para funcionarios en proceso de desafuero.