Se lanza el INE y Va por México contra “Plan B” de la Reforma Electoral

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad recurrir a todas las instancias jurídicas disponibles para frenar el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, que se aprobó el 15 de diciembre de 2022, bajo el argumento de que se comprometen las actividades del Instituto Electoral. 

El mismo día, el miércoles 25 de enero, los partidos que conforman la alianza Va por México –el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– también presentaron dos recursos de inconstitucionalidad contra el Plan B de la reforma electoral. 

En diciembre pasado, se rechazó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional en materia política-electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que no se logró tener la mayoría calificada en el Legislativo, es decir, tres cuartas partes de los votos en la Cámara baja. Ante este revés, el Ejecutivo envió un paquete de reformas para leyes secundarias en materia electoral que solo requería mayoría simple, a esto se le llamó el “Plan B”, de la reforma electoral. 

Este paquete de iniciativas incluía propuestas de modificaciones a las Leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

A grandes rasgos, el contenido del llamado “Plan B” de la reforma electoral  se puede dividir en tres tipos: 

1. Ampliación de derechos políticos: el Plan B incluye facilitar el derecho al voto a varios sectores, como lo son mexicanos en el extranjero, de las personas con discapacidad que se encuentran en estado de postración, de los individuos que se encuentren quienes están en prisión preventiva. Además de fomentar la paridad de género  y las acciones afirmativas a grupos vulnerables. También se propone la incorporación del voto electrónico. 
2. Cambios en la justicia electoral: Se propone limitar las funciones y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en materia de regulación de expresiones públicas de partidos políticos y funcionarios públicos. 
3. Cambios en la estructura organizativa de INE: Se propone reducir la estructura burocrática del Instituto Electoral, desaparecer la Junta General Directiva, desaparecer fideicomisos del INE, la reducción del Servicio Profesional Electoral, la fusión de estructuras de los Órganos Públicos Locales (OPL) con el INE, eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, ajustar a los consejeros y magistrados electorales a las limitaciones salariales estipuladas en el Artículo 125 de la Constitución, entre otras medidas. 

Desde el INE han mostrado particular preocupación por los cambios propuestos en el punto tres, ya que argumentan que compromete la operación del Instituto Electoral, lo que a su vez tendrá consecuencias en la democracia mexicana. 

Por su parte, la alianza Va por México convocó a una segunda manifestación “En Defensa del INE” para el próximo 26 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México.