#Reportaje14: Una crónica de resistencia civil

“El Caso Atenco es el ejemplo claro de cómo se puede confrontar todo el poder del Estado cuando los grupos legalmente constituidos, y fácticos, han tomado la decisión de imponer a un pueblo un asunto que tiene que ver con despojarlo de su territorio”, asegura Leonel Rivero Rodríguez, abogado defensor de Derechos Humanos.

El 22 de octubre de 2001, el entonces presidente de México Vicente Fox Quezada anunció que la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sería construida en los terrenos agrícolas de la zona de Texcoco; esto a través de la compra de cerca de 5 mil hectáreas ejidales.

Bajo las órdenes de Vicente Fox, funcionarios del entonces Gobierno Federal buscaban realizar la compra de estos terrenos a sus propietarios por el abusivo precio de 7 pesos mexicanos por metro cuadrado, dando así un total de 70 mil pesos por hectárea.

“Más allá del precio irrisorio, el amor por la tierra y la pertenencia a su origen fue lo que llevó a los pueblos de la rivera del Lago a manifestarse contra la decisión del Gobierno”, aseguró Rivero Rodríguez, quien fungió desde 2001 hasta 2019 como defensor del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), pobladores afectados en este hecho.

Inmediatamente después del anuncio de Fox, ejidatarios de las poblaciones de San Salvador Atenco, Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe y Santa Cruz de Abajo iniciaron manifestaciones y bloqueos de vialidades en contra del anuncio, oponiéndose al proyecto federal.​ Dichos campesinos y campesinas conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) e iniciaron movilizaciones que consiguieron apoyos sociales en la capital mexicana y otros estados.

Rivero Rodríguez denunció que medios de comunicación comerciales y autoridades del entonces Gobierno Federal estigmatizaron dichas movilizaciones como violentas y generaron una narrativa de movilizaciones agresivas en torno a este hecho.

América del Valle, activista y defensora de Derechos Humanos en el “Caso Atenco”, detalló que durante estas movilizaciones “hubo represión, hostigamiento; pero también hubo apoyo registrado desde distintos ambientes sociales, económicos…creando un cúmulo de solidaridad con la que se logra que el 1 de agosto de 2002 se eche abajo y sea cancelado el Aeropuerto”.

“Era un interés de miles de millones de pesos”, señala Rivero Rodríguez, y destaca que esto se habría gestado para permitir la opulencia de cinco o seis generaciones beneficiadas de quienes habrían cerrado dicho proyecto a través de la requisión de los terrenos incautados.

América del Valle recordó como durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, de 2005 a 2011, se fortaleció la narrativa de supuestos grupos violentos que buscaban cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto. Durante este periodo, la construcción fue reactivada, pero en este caso utilizando a la Policía Estatal para contrarrestar las movilizaciones que se realizaban contra este proyecto.

Además de las movilizaciones que buscaban proteger las tierras ejidales que buscaban ser tomadas por dicho Gobierno priista, en otros puntos del Estado de México se llevaban a cabo manifestaciones por abusos del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, eventos donde se utilizó la represión para intentar desmovilizar a la población mexiquense.

Uno de los hechos más recordados durante la represión ejercida por elementos de seguridad estatales y federales durante los eventos de represión en las movilizaciones de los pueblos mexiquenses fueron los abusos sexuales y físicos hacia mujeres pobladoras de la entidad los días 3 y 4 de mayo de 2006, hechos que fueron condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No fue porque alguien ejerció su poder de manera prepotente, fue una decisión política como venganza contra quienes se manifestaban”, asegura América del Valle.

"Durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social "Santiaguito" fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas", explicó a través de un comunicado de la CorteIDH.

Las víctimas también sufrieron un trato denigrante por los primeros médicos que las atendieron, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar la violación sexual.

“Fue una decisión determinada que tomé personalmente para reestablecer el orden y la paz en el Estado de México”, señaló durante una conferencia de prensa el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

En un comunicado conjunto, las 11 mujeres aseguraron que "esta sentencia debe ser un detonador de justicia y de garantía de no repetición". Las mujeres denunciantes señalan que durante más de 12 años han denunciado la tortura sexual y el abuso de la fuerza por parte de quienes deberían velar por su seguridad.

La represión en Atenco se produjo en 2006, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.