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  • 22 Jul 2024
  • 18:07
  • SPR Informa 6 min

Reactivan señalamientos contra “Alito” Moreno por compra de playa privada

Alejandro Moreno acusó a varios medios nacionales de iniciar una campaña de “difamación y calumnia” en su contra, por las acusaciones de enriquecimiento ilícito por la compra de la “Playa Alito”, un terreno de 300 hectáreas en la zona de Champotón, el cual compró en 33 centavos el metro cuadrado, señalamientos que ya habían sido exhibidos por la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

En 2022, Layda Sansores informó que la Fiscalía de Campeche investigaba a “Alito” Moreno por enriquecimiento ilícito, y señaló la incongruencia entre sus ingresos y sus gastos y múltiples propiedades en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y de Campeche. 

Sansores denunció que el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), “Alito” Moreno, es propietario de una concesión de playa en un terreno público de 300 mil metros cuadrados en la exclusiva zona de Champotón, Campeche, el cual compró a 33 centavos el metro cuadrado poco antes de que Moreno se convirtiera en el gobernador de dicho estado. En total, Alejandro Moreno pagó 100 mil pesos por 300 hectáreas. 

La concesión fue otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para “usar, ocupar y aprovechar una superficie zona federal marítimo-terrestre en un espacio de 10 mil metros cuadrados” de manera sustentable, en 2016, cuando ya era gobernador de Campeche.

Más tarde, en el programa “Martes del Jaguar”, Layda Sansores ahondó en los enredos fiscales de Alejandro Moreno para donar la “Playa Alito” a su madre quien posteriormente vendió una parte a Proyecto Esmeralda.

Los señalamientos se reactivaron este 22 de julio, horas antes de que Moreno se registrara como candidato del PRI ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del tricolor, entre disputas internas e impugnaciones por haber violado los estatutos del partido del principio de no reelección y advertencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre las irregularidades de procedimientos partidistas.