¿Quiénes fueron los responsables de obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa?

De acuerdo con el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa), siete jueces y una magistrada realizaron diversos actos que van desde la eliminación de pruebas, aceptación de pagos y negación de información, lo anterior ocasionó que se viera obstaculizada la investigación.

Desde el inicio de las indagaciones, el Poder Judicial de la Federación (PJF) radicó los procesos judiciales en siete juzgados de siete entidades de la República en dos sistemas procesales distintos, lo que generó la fragmentación del proceso judicial. A la fecha se contabilizan 28 causas penales iniciadas ante el PJF por acusaciones directa o indirectamente vinculadas a los hechos de Iguala, Guerrero. 

La falta de unificación en los procesos penales, en sí misma, es un obstáculo para el acceso a la justicia, frente a ello las madres y padres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) para que establezca una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida. Fragmento del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

Los jueces que entorpecieron la investigación son:

• El Juez Samuel Ventura Ramos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas quien liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades sin dar vista al Ministerio Público y sin investigar a quienes realizaron la tortura. Restó valor a las pruebas presentadas.
• El Juez Enrique Beltrán Santes del Juzgado Segundo del Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México quien desconoció las declaraciones de los testigos que pidieron reservar su identidad señalando que su voz no era clara.
• El Juez José Álvaro Vargas Ornelas del Juzgado Quinto del Distrito en el Estado de Guerrero se negó a conocer los asuntos que se le presentaron aludiendo a falta de competencia territorial.
• El Juez Cesar Chávez Souverbille del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero no asumió el delito de tortura presentado.
• El Juez Gabriel Domínguez Barrios del Noveno Distrito en Iguala liberó en noviembre de 2019 tras el pago de una fianza de 10 mil pesos a Marco Antonio “N” quien fue deportado de EE. UU.
• Juez Oscar Alejandro López Cruz del Juzgado Primero de Distrito en Colima consideró que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
• Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos no aceptó las reglas de competencia por sistema y realizó una interpretación errónea de los transitorios el Código Nacional de Procedimientos Penales.
• La Magistrada Lambertina Galeana del Tribulan Superior de Justicia de Guerreo ordenó la destrucción de los videos grabados por las cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia argumentando que las imágenes no eran claras porque hubo “problemas técnicos”.

Además, el informe presenta que se establecieron contratos con el Gobierno Federal a partir del 2015; el 93% de los contratos se realizaron con la Sedena de ese momento.

El 3 de diciembre de 2022, López Obrador emitió el primer decreto para la creación de la (CoVAJ-Ayotzinapa con la finalidad de investigar y conocer la verdad sobre el caso de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Señalamos desde entonces que la única verdad sobre la desaparición de los normalistas era que no existía verdad alguna y asumimos el compromiso con las madres y padres de los estudiantes, de decirles siempre la verdad por dolorosa que ésta fuera. Fragmento del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la investigación, los tres ejes fundamentales fueron el acopio, análisis y sistematización de la información. Esto permitió la obtención de información de 15 instituciones públicas, entre estos; 50 videos del Centro Nacional de Inteligencia y de los sobrevuelos entregados por la Secretaría de Marina; la información solicitada a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la intervención de comunicaciones de Guerreros Unidos; 17 mil 20 audios proporcionados por la Guardia Nacional; y la apertura de archivos militares de la Secretaria de Defensa Nacional, entre ellos 17 mil 60 documentos.

Además, entrevistaron a 115 personas involucradas entre los que se encuentran testigos, colaboradores y familiares; derivado de las entrevistas se han priorizados a 34 objetivos, entre quienes se encuentran líderes de cárteles delictivos, lugartenientes, operadores financieros, sicarios, familiares y amistades de los inculpados.

De los 17 mil documentos obtenidos de los archivos militares en Guerrero se logró identificar dos intervenciones de comunicaciones entre integrantes de Guerreros Unidos y autoridades municipales