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6 min El 23 de febrero de este 2025 la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien actualmente ocupa el cargo de Jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, otorgó un amparo a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, con el que buscaba impedir su extradición a Estados Unidos.
Este 28 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el gabinete de Seguridad cuenta con información de que algunas de las 29 personas trasladadas a Estados Unidos, entre ellas Caro Quintero, sostenían acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos con su liberación o el retraso de sus procesos.
La resolución otorgada por Duarte Cedillo a favor de Caro Quintero se fundamentó en que su extradición violaría sus derechos humanos. En su fallo, la jueza consideró que, de consumarse el traslado, “se haría física y jurídicamente imposible el que el presente asunto se resuelva y se reparen las violaciones a los derechos humanos del aquí directo agraviado”.
De acuerdo con información publicada por el medio La Jornada, Caro Quintero, quien fue detenido el 15 de junio de 2022 en Sinaloa, sería liberado el próximo sábado por órdenes de la jueza Duarte Cedillo. Sin embargo, el traslado del narcotraficante a territorio estadounidense se ejecutó el pasado 27 de febrero, adelantándose a la resolución judicial.
La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo también fue protagonista en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, cuando el pasado 9 de mayo de 2024 ordenó cambiar la medida cautelar a ocho militares implicados en el caso.
En su resolución, consideró que no existían elementos suficientes que acreditaran el delito de delincuencia organizada, permitiendo que los militares dejaran el Campo Militar Número 1, donde estaban recluidos. A pesar de que representantes de la Guardia Nacional advirtieron sobre un “fuerte riesgo de fuga”, Duarte Cedillo modificó la prisión preventiva justificada por una fianza de 100 mil pesos, obligándolos a firmar cada 15 días, entregar sus pasaportes, y prohibiéndoles salir del país o acercarse a víctimas y testigos.
El propio Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha defendido las resoluciones de la jueza Duarte Cedillo, señalando que los elementos castrenses continuaban sujetos a un proceso penal ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
Los ocho militares ostentaban el rango de soldados cuando sucedió el ataque a los estudiantes en 2014. Todos ellos formaron parte de un convoy de la Secretaría de la Defensa (SEDENA) que patrulló por Iguala, la ciudad donde fueron secuestrados los normalistas, durante y después de la embestida. La FGR señala que su presencia en el convoy respondía a su cercanía del grupo criminal que con el tiempo se convirtió en el principal sospechoso, Guerreros Unidos.
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