A pocos días de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, concluya su periodo al frente del Poder Ejecutivo, el mandatario entregó el Tercer Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa a las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en 2014.
El presente informe tiene como objetivo detallar los avances en la investigación de lo sucedido en Iguala, Guerrero, durante los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como los avances en la búsqueda y las acciones emprendidas para esclarecer los hechos y alcanzar la justicia.
Avances en la investigación
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) ha estructurado sus esfuerzos en cinco ejes fundamentales:
Búsqueda en Campo: En lo que va de 2024, se han realizado acciones de búsqueda en 294 sitios, tres veces más en comparación con el año anterior. Actualmente, se trabaja con nueve equipos multidisciplinarios en municipios de Guerrero, incluyendo Iguala, Cocula y Taxco, entre otros.
Identificación Genética: Se han llevado a cabo acciones en colaboración con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) para analizar restos óseos no examinados y otros indicios hallados durante las búsquedas.
Verdad y Justicia: La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la UEILCA, ha obtenido nuevas órdenes de aprehensión y ha detenido a 23 probables responsables de los hechos del 26 y 27 de septiembre, abriendo así varios procesos judiciales.
Extradiciones: La CoVAJ ha trabajado en conjunto con la UEILCA para gestionar extradiciones de exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y otros implicados. Sin embargo, se ha destacado que la sentencia de asilo político otorgada en Estados Unidos a un exjuez ha obstaculizado la extradición de algunos individuos ligados a este caso.
Ruptura del Pacto de Lealtad Criminal: Se han intensificado los diálogos con informantes que afirman tener información sobre la ubicación de los 43 estudiantes. El Gobierno de México ha establecido comunicación con personas en penales que podrían contar con datos relevantes.
Se incorpora “Juan”, testigo colaborador del caso
En octubre de 2019, se incorporó como testigo colaborador en el caso Ayotzinapa a una persona conocida como “Juan”. Este testigo había sido exonerado en diversas causas penales debido al desvanecimiento de datos o por supuesta tortura, como resultado de la sentencia del amparo en revisión 203/2017 del Tribunal Colegiado de Tamaulipas. Durante su colaboración de cinco años, “Juan” proporcionó información que permitió localizar a dos de los estudiantes desaparecidos. Recibió protección y recompensas por su colaboración.
Sin embargo, posteriormente, la extradición de este individuo ha sido diferida. En septiembre de este año, funcionarios del gobierno dialogaron con el líder criminal. La respuesta del Gobierno de México fue clara: si en un plazo breve se proporcionaba información veraz sobre la ubicación de los jóvenes desaparecidos y se confirmaban las pruebas de identificación genética, podría continuar su proceso penal en México, así como obtener amnistía y recompensas para quienes colaboraran con él.
Liberación de presuntos involucrados por jueces de Tamaulipas
Adicionalmente, el informe aborda dos temas cruciales: la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, que resultó en la liberación de 65 presuntos responsables, y la solicitud de los padres de los estudiantes sobre la entrega de folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Se han hallado 15 folios CRFI y 70 documentos adicionales, derivados de un análisis de la documentación proporcionada por la SEDENA desde 2021.
Además de ello, se expone en este documento que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha encabezado reuniones semanales con su gabinete para supervisar las investigaciones y ha mantenido un diálogo constante con las familias de los desaparecidos.
Busqueda de los desaparecidos en 2014
En 2024, las acciones de búsqueda han abarcado un total de 858 sitios en nueve municipios de Guerrero: Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tepecoacuilco. En estas actividades participan aproximadamente 270 personas diariamente, quienes trabajan en jornadas de 10 a 12 horas.
Durante las búsquedas de este año, se han encontrado 10 osamentas humanas y dos fragmentos óseos (un fémur y una tibia), aunque los análisis realizados han descartado que pertenezcan a los jóvenes desaparecidos. Sin embargo, estos hallazgos podrían contribuir a la verdad y la justicia en otras investigaciones.
El proceso de búsqueda se realizó a través del siguiente protocolo:
Identificación genética
El informe incluye detalles sobre los esfuerzos de identificación genética realizados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). De los 1,500 perfiles genéticos analizados y enviados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, 132 perfiles seleccionados no coincidieron con los de los estudiantes desaparecidos.
Los análisis realizados a los indicios recolectados durante las búsquedas en la zona también resultaron negativos al confrontar el ADN con los perfiles de los estudiantes. En particular, se hace referencia a los restos conocidos como “petrosas”, localizados en dos lugares distintos y almacenados en 33 cajas y 5 bolsas.
Proceso de extradición contra personas involucradas
El Gobierno de México ha iniciado procesos de extradición para varias personas señaladas de participar o tener conocimiento en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, así como en la elaboración de la llamada “verdad histórica”. A continuación, se detalla el estatus de cada uno de los solicitados:
Tomás “N”: Este individuo salió de México desde el 13 de agosto de 2019 y es buscado por presunta tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. La solicitud de extradición fue presentada el 20 de diciembre de 2021.
Abraham “N”: Exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se le persigue por supuestas torturas a un miembro de Guerreros Unidos implicado en el caso. La solicitud de extradición se realizó el 30 de marzo de 2023. Se ha confirmado que reside en el sur de los Estados Unidos, y aunque se están llevando a cabo gestiones para su extradición, su proceso no ha avanzado. En marzo de 2024, el gobierno estadounidense solicitó información complementaria para emitir su dictamen, la cual ya fue atendida por la UEILCA.
Ulises “N”: Exjuez de barandilla que cuenta con asilo político en Estados Unidos. El 14 de marzo de 2024, el gobierno estadounidense requirió información complementaria, que ya fue remitida por las autoridades mexicanas. La relevancia de Ulises “N” radica en su posible contacto con los estudiantes, quienes aparentemente fueron detenidos y llevados a la comandancia de Iguala, donde él era juez. Se menciona que pudo haber entrevistado a los jóvenes, lo que podría haber proporcionado datos relevantes sobre su paradero. Este procedimiento se encuentra detenido, y no ha habido reportes de avance por parte del Gobierno de Estados Unidos.
Finalmente, el Gobierno encabezado por López Obrador señala que el diálogo con los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así como con las autoridades y especialistas de la investigación sigue en curso.