Pide ONU investigar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por adopciones ilegales y cuestionamientos a su gestión

Un panel de expertos de las Naciones Unidas solicitó realizar investigaciones independientes sobre la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en relación con presuntas adopciones ilegales de niños indígenas en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un centro de acogida ya clausurado del que Porras fue directora y administradora durante siete meses en 1982.

Según los expertos, al menos 80 niños indígenas habrían sido internados en el hogar y las madres afectadas no recibieron reconocimiento ni reparaciones adecuadas. La ONU advirtió que estas adopciones podrían haberse llevado a cabo mediante fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos, coacción o falta de consentimiento informado de los padres biológicos, además de beneficios financieros indebidos para intermediarios. 

“Nos preocupa que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la posible implicación de autoridades estatales en estos procesos”, señalaron los expertos.

Porras dirige el Ministerio Público desde mayo de 2018, tras ser nombrada por el presidente Jimmy Morales, y fue reelegida en 2022 por el presidente saliente Alejandro Giammattei. 

Ese mismo año, Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, acusándola de obstruir investigaciones de corrupción para proteger aliados políticos y obtener favores indebidos, suspendiendo la cooperación con su despacho y revocándole la visa estadounidense.

Su gestión ha sido objeto de protestas ciudadanas desde 2023, cuando se le acusó de criminalizar jueces y fiscales, proteger a políticos corruptos y obstaculizar procesos electorales, particularmente durante las elecciones que llevaron a Bernardo Arévalo a la presidencia. 

El propio Arévalo solicitó su renuncia desde que asumió el cargo, respaldado por organismos internacionales como la OEA y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que consideraron algunas acciones de la Fiscalía como incompatibles con el estado de derecho y estándares internacionales.

Tras asumir el control del Ministerio Público, poco después de la salida de la CICIG, Porras persiguió judicialmente a su antecesora, Thelma Aldana, lo que provocó que Aldana se exiliara en Estados Unidos. 

Según Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Porras bloqueó investigaciones que podrían haber involucrado al presidente Giammattei y su círculo cercano.

Además de críticas políticas, Porras también enfrentó señalamientos de grupos indígenas, estudiantes, la sociedad civil y la Iglesia católica guatemalteca. Aun así, mantiene firme su defensa, asegurando que durante su gestión el Ministerio Público se consolidó como una institución técnica y jurídica, sin sesgo político ni ideológico.

Recientemente, participó como candidata a magistrada titular o suplente de la Corte de Constitucionalidad, nombrada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque quedó fuera por falta de apoyos.

El llamado de la ONU y las sanciones de Estados Unidos colocan nuevamente a Consuelo Porras en el centro de la atención internacional. 

Sus actuaciones ponen sobre la mesa la transparencia de las instituciones guatemaltecas, la justicia para las víctimas de adopciones ilegales y la integridad del sistema judicial del país, mientras la sociedad y la comunidad internacional siguen de cerca su historial de gestión.