Operación de EE.UU. y Ecuador en la frontera con Colombia atacó una granja y no un campo de entrenamiento: NYT

Una operación militar presentada por autoridades de Estados Unidos y Ecuador como un golpe contra el narcotráfico ha sido puesto en entredicho luego de una investigación periodística que sugiere que el objetivo atacado no era un campamento criminal, sino una finca ganadera en la Amazonía ecuatoriana.

A inicios de marzo, en el contexto de la cumbre denominada “Escudo de las Américas” en Florida, a la que asistieron líderes conservadores de América Latina, funcionarios estadounidenses difundieron un video de una gran explosión que, afirmaron, mostraba la destrucción de un centro de entrenamiento de narcotraficantes en una zona rural de Ecuador, con la intensión de evidenciar una nueva fase en la estrategia militar antidrogas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que el ejército estaba “bombardeando narcoterroristas en tierra”, tras meses de operaciones contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Sin embargo, una investigación de The New York Times plantea serias dudas sobre la versión oficial. De acuerdo con testimonios del propietario del predio, trabajadores, habitantes de la comunidad de San Martín y abogados de derechos humanos, el ataque habría destruido una finca lechera, no un complejo del crimen organizado.

Aunque el Pentágono aseguró que se trató de una “acción dirigida” a solicitud del gobierno ecuatoriano, fuentes con conocimiento del operativo indicaron que tropas estadounidenses no participaron directamente en el bombardeo.

Habitantes de San Martín, una comunidad rural en la frontera norte de Ecuador, relataron una secuencia de hechos distinta a la presentada por las autoridades. Según trabajadores del predio, el 3 de marzo militares ecuatorianos llegaron en helicóptero, interrogaron al personal, golpearon a algunos empleados y posteriormente incendiaron instalaciones de la finca.

Tres trabajadores denunciaron que fueron sometidos a agresiones físicas, incluyendo estrangulamiento y descargas eléctricas, antes de ser liberados.

Días después, el 6 de marzo, helicópteros regresaron al lugar y lanzaron explosivos sobre los restos calcinados. De acuerdo con los testimonios, en ese momento se grabaron las imágenes que posteriormente fueron difundidas como evidencia de un ataque contra un supuesto campamento del crimen organizado.

El ejército ecuatoriano sostuvo que el sitio era utilizado por un grupo armado para ocultar armas y como espacio de descanso y entrenamiento de narcotraficantes. No obstante, tanto el propietario como los residentes negaron cualquier vínculo con actividades ilícitas.

Las autoridades ecuatorianas afirmaron que el operativo se basó en “inteligencia y apoyo” de Estados Unidos, señalando que el lugar albergaba a “alrededor de 50 narcotraficantes” y que también era utilizado por integrantes de un grupo armado colombiano.

Sin embargo, no se presentaron pruebas públicas que respalden estas afirmaciones, lo que ha generado cuestionamientos, especialmente porque el propio ejército suele difundir evidencia de decomisos en operativos similares.

Una coalición de organizaciones, la Alianza por los Derechos Humanos, presentó una denuncia ante autoridades nacionales y la ONU, argumentando que las acciones militares constituyeron ataques contra población civil.

La abogada María Espinosa señaló: “No hay un solo funcionario público que haya llegado a verificar lo ocurrido”.

Miguel, dueño de la finca afectada, aseguró que adquirió el terreno hace seis años y lo desarrolló como una unidad productiva con más de 50 cabezas de ganado. Además, rechazó las acusaciones de las autoridades y cuestionó la lógica del operativo:

“Es indignante. Es mentira que aquí se entrenaban 50 personas. ¿Dónde iban a entrenar, a cielo abierto? No tiene lógica”.

Añadió que el lugar estaba dedicado exclusivamente a la actividad ganadera:

“En todo lo que usted ve hay animales: las vacas que ordeño, los terneros, los caballos”.

Ecuador, aunque no produce cocaína, se ha convertido en un punto clave para la exportación de droga proveniente de Colombia y Perú. En los últimos años, el país ha experimentado un incremento significativo en la violencia vinculada al crimen organizado.

En este contexto, el gobierno ecuatoriano ha intensificado sus operativos contra grupos criminales, con apoyo en inteligencia por parte de Estados Unidos. No obstante, el caso de San Martín ha generado dudas sobre la precisión de estas acciones y el respeto a los derechos de la población civil.

Algunos habitantes de la comunidad consideran que el operativo pudo haber sido utilizado para reforzar el respaldo a la estrategia de seguridad del gobierno.

Vicente Garrido, vicepresidente de la junta local, expresó: “Lo único que queremos es que se sepa la verdad. Dicen que era un campamento, pero cada vez queda más claro que eran viviendas”.

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha respondido a cuestionamientos detallados sobre el caso, mientras que el Pentágono ha evitado proporcionar información específica sobre la operación, argumentando razones de seguridad.