“Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, rechaza Sheinbaum supuesta negociación con Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las versiones sobre un supuesto pacto político entre el Gobierno de México y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para acordar responsabilidades en el caso de los agentes estadounidenses que participaron en un operativo contra el narcotráfico en la entidad.

Durante la Mañanera del Pueblo de este 20 de octubre, la mandataria mexicana aseguró que su administración no hace pactos políticos con la justicia y cuestionó las versiones difundidas por algunos periodistas sobre una presunta negociación con la gobernadora para determinar quiénes serían procesados por los hechos.

Sheinbaum Pardo sostuvo que las investigaciones deben desarrollarse conforme a la ley y que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar las pruebas y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.

La presidenta explicó que, hasta el momento, los elementos de la investigación apuntan al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, como el principal responsable de permitir la participación de agentes estadounidenses en el operativo, aunque subrayó que las indagatorias deben continuar.

Asimismo, aclaró que la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad debe realizarse mediante los mecanismos institucionales y con apego a la legislación mexicana. Sin embargo, precisó que los agentes extranjeros no contaban con la autorización correspondiente para participar en operaciones terrestres en territorio nacional.

La mandataria lamentó el fallecimiento de los agentes estadounidenses y de los funcionarios mexicanos que murieron en el accidente relacionado con el operativo, pero insistió en que estos hechos deben esclarecerse y que no puede permitirse la violación de las leyes mexicanas.

Finalmente, Sheinbaum calificó el caso como particularmente grave por las posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y traición a la patria, por lo que reiteró que la participación de agentes extranjeros en operaciones de campo sin autorización constituye un asunto que debe investigarse a fondo.

Participación de agentes de la CIA en operativo en Sierra Tarahumara 

El caso se remonta al 19 de abril de 2026, cuando dos agentes estadounidenses, identificados como presuntos integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), participaron en un operativo contra laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Tras la intervención, dos agentes estadounidenses y dos funcionarios de la Fiscalía estatal murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de la zona del operativo. 

Inicialmente, las autoridades de Chihuahua presentaron a los estadounidenses como instructores relacionados con la Embajada de Estados Unidos; posteriormente, se conoció su presunta participación directa en las acciones contra el narcotráfico.

La situación generó cuestionamientos del Gobierno federal por la posible violación de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional, debido a que los agentes extranjeros no habrían contado con la autorización necesaria para participar en una operación de campo en territorio mexicano.

El caso derivó en investigaciones de la FGR y de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El exfiscal César Jáuregui Moreno fue detenido el 17 de octubre y enfrenta acusaciones en el ámbito estatal por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras que a nivel federal se le investiga por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria.

Este martes 20 de octubre se prevé una audiencia en el ámbito federal para definir su situación jurídica por la acusación de traición a la patria. En el proceso estatal, el exfuncionario obtuvo la posibilidad de enfrentar en libertad las acusaciones locales, y la audiencia para resolver su vinculación a proceso quedó programada para el jueves 22 de octubre.

La gobernadora Maru Campos, por su parte, respaldó la aplicación de la ley y sostuvo que nadie está por encima de ella. El desarrollo de las investigaciones deberá establecer las responsabilidades individuales y esclarecer cómo se autorizó o permitió la participación de los agentes estadounidenses en el operativo.