El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha ampliado sus esfuerzos para identificar a ciudadanos que critican o documentan las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en redes sociales, mediante el envío de citaciones administrativas a empresas tecnológicas para obtener datos personales de usuarios.
De acuerdo con funcionarios gubernamentales y empleados del sector tecnológico, en los últimos meses compañías como Google, Meta —propietaria de Facebook e Instagram—, Reddit y Discord han recibido cientos de requerimientos legales solicitando nombres, correos electrónicos, números telefónicos y otros datos identificativos vinculados a cuentas anónimas que han publicado críticas contra el ICE o información sobre la ubicación de sus agentes.
Algunas empresas han cumplido parcialmente con las solicitudes. No obstante, han señalado que revisan cada requerimiento antes de proporcionar información y, en ciertos casos, notifican a los usuarios afectados, otorgándoles entre 10 y 14 días para impugnar la citación ante un tribunal.
El DHS ha argumentado que cuenta con “amplia autoridad” para emitir citaciones administrativas y ha sostenido en tribunales que busca proteger la seguridad de los agentes del ICE en campo. Sin embargo, ha evitado responder preguntas específicas sobre el alcance y frecuencia de estas solicitudes.
A diferencia de una orden judicial, las citaciones administrativas no requieren la aprobación previa de un juez y son emitidas directamente por la agencia federal. Según empleados del sector tecnológico familiarizados con el procedimiento, este mecanismo se utilizaba anteriormente de forma limitada, principalmente en investigaciones relacionadas con delitos graves como la trata de personas.
En el último año, sin embargo, su uso se habría incrementado para revelar la identidad de cuentas anónimas en redes sociales.
En septiembre de 2025, por ejemplo, el DHS envió solicitudes a Meta para identificar a administradores de cuentas de Instagram que informaban sobre redadas migratorias en California. Las citaciones fueron impugnadas judicialmente y posteriormente retiradas antes de que un juez emitiera un fallo.
Organizaciones defensoras de libertades civiles han expresado preocupación por la medida. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha señalado que el aumento en la frecuencia de estas solicitudes coloca una carga significativa sobre usuarios individuales, quienes deben acudir a tribunales para evitar que su información sea entregada al gobierno.
Entre los casos recientes destaca el de las cuentas en Facebook e Instagram bajo el nombre “Montco Community Watch”, dedicadas a alertar en inglés y español sobre presunta actividad de ICE en el condado de Montgomery, Pensilvania.
El DHS solicitó a Meta información identificativa sobre los responsables de dichas cuentas. La empresa notificó a los administradores y les advirtió que, si no presentaban una impugnación judicial en un plazo de 10 días, entregaría los datos requeridos.
La ACLU intervino y presentó una moción para anular la citación. Días después de una audiencia judicial, el gobierno retiró la solicitud antes de que se emitiera una resolución formal. Las cuentas continúan activas y siguen publicando alertas y mensajes de apoyo a manifestaciones estudiantiles contra el ICE.
El incremento de solicitudes ocurre en un contexto de relación compleja entre el gobierno federal y las empresas tecnológicas respecto al acceso a datos de usuarios. Informes de transparencia publicados por estas compañías muestran un crecimiento sostenido en el número de requerimientos oficiales.
Históricamente, Meta entrega datos en aproximadamente el 88% de los casos en Estados Unidos. Entre finales de 2014 y principios de 2024, el número de cuentas afectadas por solicitudes gubernamentales en esa plataforma aumentó un 675%. Solo en el primer semestre de 2023, la empresa recibió más de 73,000 solicitudes en EE.UU.
Google, por su parte, suele cumplir con entre el 80% y el 90% de las solicitudes legales consideradas válidas en Estados Unidos, un volumen que ha crecido alrededor de 530% en la última década.
Reddit también reportó haber revelado información en respuesta al 82% de las solicitudes federales y al 83% de las estatales en EE.UU.
En el pasado, algunas plataformas han impugnado judicialmente requerimientos similares. En 2017, Twitter (ahora X) demandó al gobierno federal para impedir la identificación de una cuenta crítica de la administración Trump; la citación fue retirada posteriormente.
Especialistas en privacidad digital advierten que el uso creciente de herramientas como reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y otras tecnologías de rastreo amplía la capacidad de las autoridades para identificar manifestantes o críticos de políticas migratorias, lo que ha reavivado el debate sobre libertad de expresión y protección de datos en Estados Unidos.