Cuestionan expertos acciones militares unilaterales en Venezuela y generan alarma legal y política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó acciones militares unilaterales contra Venezuela el pasado 3 de enero, medidas que han provocado críticas legales, políticas y estratégicas en Washington.

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso puede autorizar actos de guerra. Los debates legislativos sobre la acción militar cumplen un papel democrático crucial, deteniendo el “aventurerismo” y obligando al presidente a justificar sus planes ante la opinión pública, al mismo tiempo que comprometen a los legisladores con las consecuencias de sus decisiones.

“Las consecuencias trágicas de la guerra de 2003 en Irak siguen persiguiendo a Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizá lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinoamericanos, como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza”, indicó The New York Times.

Especialistas destacan que el debate congresional obliga al presidente a rendir cuentas públicamente y subraya la importancia de la credibilidad legislativa. “Tras la votación sobre la guerra de Irak, los demócratas que apoyaron a Bush, incluidos Hillary Clinton y John Kerry, pagaron un precio político, mientras que quienes criticaron la guerra, como Bernie Sanders y Barack Obama, llegaron a ser considerados proféticos”, recuerdan los analistas.

En el caso venezolano, un debate en el Congreso pondría en duda el argumento central del gobierno. “Al bombardear las pequeñas embarcaciones que Trump dice que trafican con drogas, ha matado a personas basándose en la mera sospecha de que han cometido un delito y no les ha dado ninguna oportunidad de defenderse. Los Convenios de Ginebra de 1949 y todos los principales tratados de derechos humanos posteriores prohíben este tipo de ejecuciones extrajudiciales. También lo hace la legislación estadounidense”, advierte The New York Times.

Juristas y militares han rechazado la justificación oficial, subrayando que el presunto contrabando de drogas, incluso si se comprobara, no constituye un acto de guerra ni un intento de derrocar al gobierno estadounidense.

La oposición no se limita a los demócratas. Varios legisladores republicanos, incluidos los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski y los representantes Don Bacon y Thomas Massie, han respaldado iniciativas para limitar la capacidad del presidente de emprender acciones militares contra Venezuela sin aprobación del Congreso. Observadores críticos consideran que esta división indica que Trump evitó deliberadamente el debate legislativo por temor a no obtener apoyo suficiente.

A las objeciones constitucionales se suma la posible violación del derecho internacional. Los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico han sido catalogados por juristas como ejecuciones extrajudiciales, prohibidas por los Convenios de Ginebra y tratados de derechos humanos ratificados por Estados Unidos.

Aunque algunos venezolanos han apoyado la intervención externa, los expertos advierten sobre los riesgos de un cambio de régimen impuesto desde fuera. La expectativa, coinciden, es que la crisis se resuelva de manera menos traumática que en los peores escenarios previstos. El temor, sin embargo, es que el giro de Trump agrave el sufrimiento de la población venezolana, aumente la inestabilidad regional y deje un daño duradero a los intereses y la credibilidad de Estados Unidos.