¿Qué es la JUFED?, la asociación que oficializó el paro de labores del PJF

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) publicó la declaratoria formal de la suspensión de actividades de todos los órganos del Poder Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como manifestación contra la reforma judicial enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

En el comunicado, la Asociación detalló las exigencias de los juzgadores para con los miembros del Poder Legislativo referentes a la iniciativa de reforma judicial, entre los que destacan el “respeto a la independencia judicial” y que es “contraria a los principios que rigen una República democrática, representativa y federal”.

Esta declaratoria se publicó luego de que la noche del 19 de agosto la JUFED informó los resultados de la consulta a personas juzgadoras sobre la suspensión de actividades jurisdiccionales, donde con mil 202 votos a favor y 201 en contra, se aprobó con guardias para atender únicamente "casos urgentes".

¿Qué es la JUFED?

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF nació en octubre de 2002 con el objetivo de “consolidar un Poder íntegro, responsable e independiente”.

Sus estatutos indican que una de sus misiones es “consolidar la imagen pública de los juzgadores al vincularse con la sociedad para dar a conocer su función y recibir información y propuestas que mejoren la transparencia”.

Cabe recordar que durante el Parlamento Abierto los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el ministro Laynez Potisek, reconocieron que el Poder Judicial no es cercano al pueblo.

Por otro lado, la JUFED se conforma de manera libre, es decir, cualquier persona en ejercicio activo o eméritos del Poder Judicial pueden formar parte de ella, incluyendo a jubilados, que paguen puntualmente las cuotas solicitadas. Los requisitos son:

1. Ser magistrado o juez en el Poder Judicial de la Federación, en ejercicio activo o emérito. 
2. Solicitar su inscripción en los términos que señala la forma emitida por la Directiva Nacional. 
3. Cooperar, de manera efectiva, mediante el pago de cuotas para el sostenimiento y desarrollo del objeto y fines sociales de la Asociación, conforme a la normatividad prevista para el caso.

Entre los beneficios que obtienen los agremiados se incluyen la representación para la defensa de sus intereses inherentes a su función como juzgadores, participar en la vida democrática de la Asociación y recibir apoyo para “proyectos académicos”.

El precio que pagan los miembros de la JUFED es de 300 pesos mensuales, los cuales son descontados quincenalmente de su nómina, y el dinero es administrado por la Directiva Nacional de la Asociación. Sin embargo, su financiamiento también contempla “fideicomisos”.

Hablando de fideicomisos, precisamente fue la JUFED quien obtuvo una suspensión provisional con efectos generales contra la reforma por la que se habían eliminado los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que acumulan más de 15 mil millones de pesos y que serían destinados para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Juárez tras el paso del huracán Otis.

Además, la JUFED también promovió una fuerte narrativa contra la Ley de Amparo bajo el argumento de que podría existir “una vulneración al derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables”.

Su actual titular es la jueza Juana Fuentes Velázquez, quien en diversas ocasiones ha asegurado que “la propuesta de reforma aniquilaría la independencia [del Poder Judicial] y la carrera judicial”.

Cabe destacar que antes del inicio de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial, el extitular de la JUFED, Daniel Sánchez Montalvo, renunció al cargo a seis meses de haberlo asumido.

Recientemente la JUFED solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emitiera medidas cautelares por el proyecto de reforma por las “interferencias arbitrarias e inconstitucionales a la independencia y autonomía” de dicho Poder.