Presenta Martí Batres iniciativa para combatir la corrupción inmobiliaria en la CDMX

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal local que permitan prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria en la capital del país.

Batres Guadarrama, presentó la iniciativa de Decreto por el que se adicionan el Capítulo XV y el Artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, el cual busca prevenir y combatir la corrupción inmobiliaria, ya que se reconoce como delito y se establecen las sanciones correspondientes para los servidores públicos que participen en dicho delito.

El mandatario de la CDMX indicó que este delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos que son emitidos con el objetivo de recibir dinero o departamentos para beneficio personal y que, en consecuencia, “encarecen la vivienda y propician riesgos de protección civil para la ciudadanía”.

Martí Batres señaló que con la adición del Capítulo XV y el Artículo 276 Quáter, se reconoce como delito la Corrupción Inmobiliaria y por la cual se establecen sanciones de 10 a 20 años de prisión tanto para los servidores públicos de la Ciudad de México que incurran en este delito, como para la red de familiares y socios que participen. Asimismo, se añade que independientemente de los años de cárcel, se implementarán otras sanciones que correspondan a otros tipos penales.

Martí Batres expuso que “comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que permita por acción, por omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley”.

Además, Martí Batres explicó que se agravarán en una mitad más las penas descritas en el Artículo 276 del Código Penal de la CDMX para cuando un servidor público obtenga algún beneficio económico, ya sea en efectivo o en especie, ya sea el propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa, directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.

Asimismo, el jefe de Gobierno de la capital mencionó que “la corrupción inmobiliaria es, en sí misma, un problema de carácter moral, porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de Protección Civil”.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la CDMX, Ricardo Ruiz Suárez, comentó que se está llevando a cabo una revisión del marco legal en la entidad para desarrollar normas más eficaces adecuadas al contexto social actual.

El secretario indicó que este nuevo decreto que plantea reformas tiene tres objetivos principales: “disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías; contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas; y contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera".