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6 min Rosario Robles Berlanga, extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, obtuvo un amparo por parte del noveno Tribunal Colegiado en Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación (PJF), el cual obliga al juez involucrado en su caso a tomar en cuenta los elementos presentados por su defensa para el sobreseimiento de su caso.
En una entrevista con Milenio, el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta declaró que esta desestimación fue solicitada desde el año pasado, ya que para realizar el proceso de la exfuncionaria se debió considerar principalmente la vía administrativa y luego en la vía legal. Sin embargo, detalló que en ese momento el juez de control dicto que “no resultaba procedente”.
Añadió que el juez debió realizar un control de constitucionalidad “y privilegiar en esa comparación la ley que más protegiera o que más beneficiaria a Robles”.
Para ello explicó que hay dos normas aplicables para procesar a la exfuncionaria, una es en la vía administrativa, el artículo 114 fracción IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y otra en la vía penal con el articulo 214 fracción III del Código Penal Federal (hecho que encuadró el Ministerio Público). Ambas “prevén la misma conducta”.
El abogado informó que hasta el momento el juez deberá dejar sin efecto la resolución que no permitió a la defensa de Robles la posibilidad de un sobreseimiento, además, se deberá analizar los argumentos que se plantearon y que se decida si el hecho que se le imputa a la exfuncionaria es administrativo o penal.
Apuntó que en este caso no se trata de si es inocente o culpable de lo que se le acusa, sino que su proceso no se realizó por la vía correcta como lo señala el artículo 109 de la Constitución.
Rosario Robles Berlanga enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad por el delito de ejercicio indebido del servicio público por omisión, debido a un presunto desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso de la “Estafa Maestra”. En agosto del año pasado, obtuvo prisión domiciliaria tras permanecer en el penal femenil de Santa Martha Acatitla durante tres años, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) valorara su estado de salud.
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