La titular de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, informó sobre las afectaciones que hizo una minera de Grupo México al Río Sonora el 6 de agosto 2014, cuando ocurrió un derrame de 40 mil metros cúbicos de cobre acidulado en el Arroyo Tinajas, al que calificó como “el peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México".
María Luisa Albores explicó que la causa del derrame en el Río Sonora fue por una “negligencia en el "hubo una negligencia en el diseño hidrológico" de la Presa Poniente del Sistema de lixiviación Tinajas, la cual falló por lluvias ordinarias y permitió el derrame de fluidos tóxicos. No se trató de un accidente, como se planteó en administraciones anteriores.
Según el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, el derrame de los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en la presa Tinajas 1 alcanzó a comunidades de 8 municipios a lo largo del Río Sonora.
El 15 de septiembre de 2014, Grupo México firmó un convenio de reparación de los daños causados por el caso del Río Sonora que incluía tres apartados: la elaboración de un “Programa de Remediación Ambiental”, la constitución del Fideicomiso “Río Sonora” y levantar la clausura sobre la minera responsable.
El Fideicomiso Río Sonora tenía un monto contemplado de 2 mil millones de pesos, pero solo se entregaron mil millones de pesos, que sería supervisado por un Comité Técnico. La titular de la Semarnat denunció el uso que hizo de esos recursos, por ejemplo, informó que se destinaron 7.8 millones de pesos a las víctimas de las comunidades (aunque no hay recibos con respaldo de estas cifras), mientras se destinó cuatro veces más a la Estrategia de Comunicación Social, la cual consistió en spots proyectados en pantallas de Cinemex, empresa también propiedad de Grupo México.
Dicho fideicomiso también entregó 185 millones de pesos en tinacos, de los cuales 28.6 millones de pesos se destinaron al Colegio de Ingenieros Ambientales de México, fundado por el entonces subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo, y 156.3 millones de pesos destinados al Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Además, también se destinaron 4.7 millones de pesos en una planta potabilizadora en Bacanuchi, la cual fue inaugurada en marzo de 2015 y solo operó dos años, debido a la falta de recursos para energía eléctrica y de personal.
En 2017, se declaró la extinción del Fideicomiso al considerar que se había resarcido el daño causado. Sin embargo, en 2020 una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se habían violado los derechos de las comunidades al no incluirlos en el acuerdo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se instalaran unas mesas de trabajo con las comunidades afectadas por el Río Sonora, y por solicitud de las comunidades se realizó el Dictamen Diagnóstico Ambiental del Río Sonora, a cargo de Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
A partir de estos estudios, se encontró que los metales rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales, el incremento en las concentraciones de los diferentes metales, se determinó que en el aire el incremento de mercurio excedió los valores recomendados, se encontraron altos niveles de acidez en el suelo que pueden permitir la movilización de elementos como el mercurio y afectación a los ecosistemas de la región. En el aire, el Incremento de mercurio excedió los valores recomendados, altos niveles de acidez en el suelo, con elementos como aluminio. En el agua, se encontró que hay concentraciones de metales pesados y la presencia de mercurio.
Tras este análisis y la anulación del Fideicomiso de 2017, se entregará un nuevo programa de remediación por parte de la empresa, el cual deberá ser avalado por las comunidades y autorizado con seguimiento por la Semarnat, entre otras acciones.