El general Juan José Zúñiga movilizó este 26 de junio a una facción de las Fuerzas Armadas de Bolivia e irrumpió en Palacio Quemado, sede del Poder Ejecutivo donde trabaja el presidente Luis Arce, con la intención de llevar a cabo un golpe de Estado, el cual finalmente fue frustrado y acabó preso por intentar romper el orden democrático.
Estas son las claves para comprender el contexto en el que se dio esta acción y qué representa para la vida política de Bolivia:
El pasado 25 de junio, en una entrevista para el programa “No mentiras”, el general Juan José Zúñiga había determinado que Evo Morales está inhabilitado para participar en las elecciones presidenciales de 2025, porque así lo determina la Constitución y que, como Fuerzas Armadas, tienen la misión de hacerla cumplir.
“No creo que lo sea. Legalmente está inhabilitado. La Constitución política dice que no puede ser más de dos gestiones y el señor ya ha sido tres veces, cuatro, re, re, reelegido, y el Ejército, las Fuerzas Armadas, tienen la misión de hacer respetar, de cumplir, la Constitución política del Estado. Y ese señor no puede volver a ser más presidente de este país.”
Ante la pregunta de la conductora de cómo haría el general respetar la Constitución, el general Zúñiga respondió:
“Con todas las herramientas y los instrumentos que nos otorga la Constitución política de la nación, del país, y las normas vigentes. Con todos los instrumentos que nos otorga la Patria [...] Nosotros somos un brazo armado del pueblo, un brazo armado de la Patria [...] y vamos a defender a toda costa la Constitución política”.
Tras estas declaraciones, circuló en redes sociales y medios de comunicación locales la noticia no confirmada de que el general Juan José Zúñiga sería retirado de las Fuerzas Armadas. Este miércoles 26 de junio, el mando militar hizo su intento de golpe de Estado.
Para comprender el papel de Juan José Zúñiga, hay que remontarse a las elecciones presidenciales de 2019, cuando el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, intentó tener un cuarto periodo presidencial, a partir de una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017 que le permitió volver a postularse. Sin embargo, para múltiples actores sociales bolivianos, esa resolución fue ilegítima y puso en cuestión la participación de Evo Morales en los comicios de 2019.
En las elecciones de 2019, Evo Morales resultó ganador por más de diez puntos de su competidor más cercano, lo que implicaba que sería electo como próximo presidente sin necesidad de una segunda vuelta. Sin embargo, miembros de la oposición boliviana, sectores como la Central Obrera Boliviana y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaron que hubo múltiples irregularidades electorales, alentaron la demanda por la renuncia de Evo Morales y que se repitan las elecciones.
En medio de protestas de diversos sectores sociales que solicitaban que Evo Morales no se presentara a las elecciones, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, a través de un comunicado sugirió a Evo Morales que “renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad”.
Tras ello, Evo Morales desistió de la Presidencia y comenzó las gestiones para su exilio político en México. Tras su renuncia tomó posesión Jeanine Añez con el apoyo del Ejército y gobernó de 2019 a 2020 con el apoyo del ejército y de sectores conservadores. Todo este episodio representó la entrada de las Fuerzas Armadas en la política boliviana, como no había ocurrido antes.
En las elecciones de 2020, el candidato elegido para representar al Movimiento al Socialismo (MAS), partido hegemónico en Bolivia con el que gobernó Evo Morales de 2006 al 2019, fue Luis Arce, quien había sido ministro de Economía durante una parte del gobierno de Morales y a quien se le atribuye parte de la responsabilidad del crecimiento económico sostenido de Bolivia.
La victoria de Luis Arce fue interpretada como una forma de continuidad de Evo Morales a través de un exministro suyo, y desde 2020 empezaron los conflictos y roces entre ambos políticos bolivianos por el control y la gestión del Gobierno.
El conflicto entre Luis Arce y Evo Morales se agudizó a partir de agosto de 2023 cuando pelaron por la dirección de la organización social más grande de Bolivia, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), que forma parte del MAS, y que es fundamental para definir la candidatura presidencial de 2025. En esta disputa hubo más de 450 heridos por la represión policial, atribuida a Luis Arce, y culminó con la división de la Confederación Sindical.
En noviembre de 2023 el conflicto entre Evo Morales y Luis Arce se volvió abierto, ya que el expresidente Morales anunció que contendería en las elecciones presidenciales de 2025. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió en diciembre de 2023 que Evo Morales no puede volver a participar en las elecciones presidenciales.
La esperanza de Evo Morales es poder influir en las elecciones de magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual originalmente se iba a hacer en 2023, pero se ha ido retrasando hasta este año. Si Evo Morales consigue posicionar a magistrados favorables a su movimiento en el Tribunal Constitucional, podría habilitarlo para que participe en las elecciones presidenciales de 2025, misma razón por la que la facción de Luis Arce ha bloqueado y retrasado las elecciones judiciales.
Las fuerzas favorables de Evo Morales controlan también la mayoría del Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, mientras que los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral son afines a la facción de Luis Arce.
Este conflicto ha dividido a todas las fuerzas políticas del país y también ha permeado en las Fuerzas Armadas, como mostraron las declaraciones del general Juan José Zúñiga y el intento de golpe de este 26 de junio.