Políticas migratorias en México en los últimos 50 años: de la inconsistencia del neoliberalismo al Modelo Humanitario de Movilidad

La migración es uno de los temas más discutidos en la agenda mundial. Sin embargo, durante los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN las políticas migratorias mexicanas fueron inexistentes. Fue hasta las administraciones de la Cuarta Transformación que se creó un programa integral de atención a las causas partiendo del respeto a los Derechos Humanos. 

Desde el programa Bracero, un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos que permitió a trabajadores mexicanos laborar de manera temporal en el país vecino entre 1942 a 1964, en México no se consolidó una política bilateral migratoria.

En los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, en las décadas de los 60 y 70, el país adoptó una política de "no intervención", considerando la migración como un fenómeno inevitable, sin necesidad de controlar los flujos. 

Fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, con Carlos Salinas de Gortari, que se planteó una respuesta para “desincentivar” la migración.

Se esperaba que el llamado TLCAN generara más trabajos y mejores salarios, lo que disminuiría las presiones migratorias, sin embargo, México experimentó los efectos contrarios de la tan ansiada globalización, lo que generó un contexto en el que cada vez más personas consideraron migrar. Es decir, la migración fue tratada en los gobiernos priistas con la “política de la no política”.

En 2001, el expresidente mexicano Vicente Fox y el expresidente estadounidense George Bush iniciaron negociaciones para crear un "sistema ordenado de flujos migratorios", pero los eventos del 11 de septiembre de ese año cambiaron la agenda mundial, endureciendo las políticas migratorias. 

En Estados Unidos, la seguridad interna y la guerra contra el terrorismo cambiaron las prioridades por lo que llegar a acuerdos migratorios quedó fuera de la agenda. La relación entre Bush y Fox quedó congelada, así como las acciones para atender la migración. 

Durante el gobierno de Felipe Calderón se acuñó una política diferente. El tema migratorio fue relegado y se le dio prioridad a la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico”, una política que actuaba con todo menos con respeto a los derechos humanos de connacionales y extranjeros, prueba de ello fue la masacre en San Fernando, en Tamaulipas, ocurrida el 24 de agosto de 2010, donde 72 migrantes de centro y Sudamérica fueron asesinados. 

En 2006, las Naciones Unidas realizaron el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo, seguido de foros globales que han cambiado el enfoque hacia políticas más proactivas en la gestión migratoria. Sin embargo, no fue hasta 2011 que se promulgó la Ley Migratoria en México, una controvertida regulación que tenía diversas inconstitucionalidades, pero la principal era la detención de personas migrantes en situación irregular hasta por 60 días. 

Sin embargo, esto violaba lo constitución, pues la situación irregular migratoria en México no es un delito, sino una falta administrativa, por lo que no se puede retener ni privar de su libertad a alguien por más de 7 días.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto se inauguró el llamado Plan Frontera Sur, en el que se anunció la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que estaba encargada de coordinar los esfuerzos institucionales para la atención integral del fenómeno migratorio en la Frontera Sur, pero fue disuelta un año después de su creación. 

Una de las acciones que el gobierno de Peña Nieto enalteció fue el aumento de la velocidad del tren “La Bestia” de 10 kilómetros por hora pasó a 30 km/h, lo que, como efecto colateral, “impediría” el abordaje del tren de carga por parte de los migrantes.

Fue hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que el Gobierno de México adoptó una política migratoria centrada en el respeto a los derechos humanos y el desarrollo social y económico. 

Esta política, no busca frenar la migración sino hacerla más segura y ordenada, además, está fundamentada en la cooperación internacional y el respeto a la soberanía de las naciones. 

La estrategia migratoria del Gobierno mexicano del expresidente López Obrador se sustentó en dos pilares fundamentales: el desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos de los migrantes y trabajar en la regularización de los flujos migratorios mediante el otorgamiento de visas humanitarias y la mejora de albergues.

A nivel regional, el Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica abordó las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la violencia y el cambio climático, y promovió el desarrollo en las subregiones. 

Hoy con la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa la perspectiva de política migratoria como eje central del Gobierno, ya que, ha insistido en la importancia de la atención a las causas, frente a los amagos de una deportación masiva de migrantes mexicanos y por parte del actual presidente electo Donald Trump. 

La propuesta, iniciada en el sexenio de López Obrador y que continúa vigente en el Gobierno de Sheinbaum Pardo, se condensa en el Modelo Humanitario de Movilidad, una estrategia, que contempla el origen, tránsito, destino y retorno de los migrantes que ha logrado una reducción del 76% en los cruces irregulares en la frontera norte desde diciembre de 2023.