El gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó las medidas antiinmigrantes recientemente aprobadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, a través un comunicado publicado el día 15 de noviembre.
La SRE reconoció el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas que deben ejecutarse en su territorio; sin embargo, estas medidas afectan a la población mexicana residente en el estado de Texas, Estados Unidos.
Respetuosamente, el Gobierno de México externó su derecho legítimo de proteger a sus nacionales en los Estados Unidos,
Además, la SRE rechazó tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano.
La ley promovida por legisladores del estado de Texas establece que la policía estatal pueda detener a los inmigrantes que entran ilegalmente al estado y permite que jueces locales puedan ordenar a los detenidos el abandono inmediato del país.
Esta medida ha sido impulsada por el Partido Republicano, a pesar de que diferentes senadores y representantes del Gobierno Federal estadounidense han criticado estas medidas, puesto que tendrá efectos contraproducentes en materia legal y migratoria.
“¿Desde cuándo un estado deporta a personas? Ese no es un poder de los estados. Es del Gobierno federal” afirma Neave Criado, representante estatal de Texas.
El senador republicano, Brian Birdwell, fue el único de su partido que votó en contra, argumentando que “estamos sentando un terrible precedente para el futuro al invalidar nuestra obediencia y fidelidad a la Constitución”.
Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, a través de su red de consulados en el estado de Texas, estará atenta para responder a cualquier violación por parte de las autoridades y explorará apoyar litigios estratégicos para salvaguardar sus derechos humanos.