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6 min Un juez federal en Manhattan emitió una orden de restricción temporal contra el gobierno de Donald Trump para obligar a mejorar las condiciones del centro de detención de inmigrantes ubicado en 26 Federal Plaza, Nueva York, luego de que organizaciones como Make the Road New York, NYCLU y la ACLU presentaran una demanda por presunto hacinamiento, insalubridad y falta de acceso legal para los detenidos.
La resolución, firmada por el juez Lewis A. Kaplan, instruye al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a: reducir la ocupación para garantizar al menos 50 pies cuadrados (4.6 m²) por persona; limpiar las salas tres veces al día; proveer jabón, toallas, papel higiénico, pasta dental y productos menstruales; entregar colchonetas o almohadillas para dormir; ofrecer comida suficiente y agua embotellada desde el primer momento de detención; y garantizar llamadas privadas con abogados.
Kaplan advirtió que los migrantes enfrentan un “serio riesgo de daño irreparable” si no se corrigen las deficiencias de inmediato. La orden estará vigente hasta el 26 de agosto, aunque podría extenderse o transformarse en un mandato permanente.
El caso se ha convertido en un nuevo frente político para la administración Trump, que enfrenta críticas de legisladores demócratas por bloquear visitas no anunciadas a centros de detención, lo que ha intensificado las acusaciones de falta de transparencia y violaciones a derechos humanos.
A cuatro días desde las elecciones presidenciales en Honduras, continúa el conteo de votos en medio de una cerrada contienda entre Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, quien argumenta fraude.
El periódico The New York Times presentó una demanda contra el Departamento de Defensa de EE.UU., argumentando que las nuevas restricciones del Pentágono vulneran los derechos de los periodistas.
La SEGOB aseguró que no existe razón para los bloqueos de productores agrícolas en la Frontera Norte, pues fueron tomados en cuenta sus planteamientos respecto de la Ley de Aguas Nacionales.
La entidad homologa así su normativa con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los estándares internacionales en derechos humanos.
