El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los intentos judiciales para permitir la entrada en vigor de la Ley SB4, la cual tiene por propósito permitir a las autoridades policiales de Texas, Estados Unidos, detener a las personas que sean sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera.
El bloqueo a esta ley fue suspendido el pasado 19 de marzo por la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo que entró en vigor de forma inmediata Sin embargo, horas después fue nuevamente suspendida por la Corte de Apelaciones del quinto distrito en Nueva Orleans, por lo que no se encuentra en vigor al corte de este 20 de marzo.
“Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana”, declaró el presidente López Obrador en la conferencia matutina del 20 de marzo.
El mandatario también señaló que no tiene sentido que una entidad federativa, como es Texas, tenga las facultades para llevar acciones en materia migratoria, como lo pretende la Ley SB4:
“Además es violatoria del derecho internacional; no puede un estado tener que corresponde al fuero federal. Es como si el gobernador de Tamaulipas aplicara una ley en contra de los texanos que visitaran México o transitaran por Tamaulipas. No les corresponde a los gobiernos estatales, de acuerdo a nuestra Constitución, todo lo relacionado con política exterior. Pues es lo mismo, el Gobierno federal está en contra de esta decisión”, declaró López Obrador.
La Ley SB4 había sido bloqueada desde el 29 de febrero, cuando el juez federal Austin impidió su entrada en vigor, bajo el argumento de que entraba en conflicto con la legislación federal. Este primer bloqueo estaba planteado que duraría hasta el 18 de marzo.
El pasado 19 de marzo, tras una votación de tres jueces en contra y seis a favor, la Corte Suprema de Estados Unidos, dominada por jueces afines al republicanismo, resolvió que la Ley SB4 puede entrar en vigor, con el objetivo de que se arresten a personas sospechosas de haber cruzado la frontera.
Por su parte, el Gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó la decisión. En un comunicado, la Secretaría señaló que esta legislación busca detener el flujo migrante "mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial", atentando contra los derechos humanos.