La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos, máximo tribunal del país, concedió este lunes 8 de septiembre de 2025 un triunfo a la administración del presidente Donald Trump, permitiendo la continuidad de las redadas migratorias en siete condados de California.
El caso se centró en una serie de incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), enmascarados y fuertemente armados, detuvieron a personas que se identificaban como latinas, incluidas personas ciudadanas estadounidenses, en la zona de Los Ángeles, para interrogarlas sobre su estatus migratorio.
En julio, la jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong, tras denuncias de migrantes, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional y al ICE suspender esta práctica cuando las detenciones se basaran en la etnicidad aparente de la persona, su idioma o su presencia en lugares específicos, como centros de trabajo o vía pública.
En agosto, un panel del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, integrado por los jueces Ronald M. Gould, Marsha S. Berzon y Jennifer Sung, determinó que el Departamento de Justicia no había cumplido con los criterios para suspender la decisión del tribunal inferior.
En consecuencia, los agentes continuaban prohibidos de detener personas sin sospecha razonable o basarse únicamente en raza, etnia aparente, idioma, acento, ubicación o tipo de trabajo.
El Distrito Central del Noveno Circuito abarca los condados de Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara, San Luis Obispo, Orange, Riverside y San Bernardino, y el fallo cubrió las acciones federales de inmigración en estos territorios.
La Corte Suprema, con una decisión de 6 votos a favor y 3 en contra, no coincidió con la postura de los tribunales inferiores y levantó la orden del 9º Circuito.
El juez conservador Brett Kavanaugh, quien votó a favor de la agenda de Trump, escribió en una opinión concurrente que las circunstancias evaluadas por los agentes pueden constituir sospecha razonable de presencia ilegal en EE.UU.
Kavanaugh aclaró que esta sospecha permite únicamente detenciones breves para investigar el estatus migratorio y reconoció que muchos inmigrantes llegan buscando escapar de la falta de oportunidades, pero permanecen en el país de manera ilegal según la ley.
En contraste, la magistrada Sonia Sotomayor presentó una disidencia de 20 páginas, criticando que la orden permite al Gobierno federal arrestar personas en función de su apariencia o empleo:
“No deberíamos vivir en un país donde el Gobierno pueda detener a cualquiera que parezca latino, hable español y aparente trabajar en un empleo mal pagado”, escribió, y su posición fue respaldada por las magistradas progresistas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
Sotomayor también cuestionó cómo la Corte ha manejado casos de emergenciade alto perfil relacionados con Trump, criticando la falta de explicación en la orden y la tendencia del tribunal a intervenir rápidamente sin respetar el proceso ordinario de apelación.