La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel García Hernández, migrante mexicano que resultó herido durante un tiroteo en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el pasado 24 de septiembre.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 30 de septiembre, la mandataria aseguró que el Gobierno de México está brindando acompañamiento a la familia del mexicano de 32 años, quien falleció tras permanecer seis días hospitalizado luego de recibir ocho disparos.
“Se hicieron todos los trámites para que su madre pueda estar allá y se está en contacto con la familia, en todos sentidos tanto económico, moral, y si quieren presentar una denuncia, darles todo el apoyo”, afirmó.
En un comunicado compartido por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) el pasado lunes 29 de septiembre, la familia de Miguel Ángel confirmó su fallecimiento después de ser retirado del soporte vital.
“Mi esposo Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia, acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”, afirmó Stephany Gauffeny, esposa del mexicano.
Miguel Ángel García se encontraba bajo custodia migratoria cuando fue alcanzado por los disparos del agresor, identificado como Joshua Jahn quien, de acuerdo con el reporte oficial, abrió fuego desde un edificio gubernamental adyacente a las 6:40 am, lo que provocó una rápida respuesta de los equipos de emergencia y el cierre de varias vías en la zona.
El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, indicó a través de su cuenta en la red social X que, en una revisión inicial, se encontraron casquillos con la inscripción “Anti ICE”, lo cual, dijo, “podría confirmar que el ataque fue con motivos políticos”.
El centro de ICE afectado funciona como una oficina de campo, generalmente utilizada para procesar a personas detenidas antes de ser trasladadas a centros de detención de largo plazo. Desde la llegada del presidente Donald Trump al poder, más de 8,400 personas han pasado por ese edificio.