La muerte de Geraldo Lunas Campos, un migrante cubano de 55 años que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), podría ser clasificada como homicidio, de acuerdo con información obtenida por The Washington Post.
Según el diario estadounidense, un empleado de la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso informó a la hija de Lunas Campos que, a reserva de los resultados del informe toxicológico, la causa preliminar de la muerte está siendo considerada como asfixia por compresión del cuello y el pecho, lo que habría impedido que recibiera oxígeno suficiente.
Esta declaración fue realizada durante una llamada, cuya grabación fue obtenida por The Washington Post, y el empleado señaló que el médico forense “probablemente enumerará la forma de muerte como homicidio”.
ICE anunció el fallecimiento de Geraldo el 3 de enero de 2026, tras haber señalado que el detenido fue observado “en apuros”, sin detallar la causa. Aunque Santos Jesús Flores, otro detenido que se encontraba en el centro Camp East Montana, en El Paso, aseguró haber presenciado cómo al menos cinco guardias sometieron a Lunas Campos, a quien señaló asfixiaron mientras repetía: “No puedo respirar”.
De acuerdo con la investigación de The Washington Post, la versión del testigo coincide con un registro interno de ICE, que documenta el fallecimiento, la notificación a familiares y al consulado cubano, y menciona un incidente de “uso inmediato de la fuerza”, sin detallar fechas ni circunstancias.
Por su parte, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional declaró en un correo electrónico que Lunas Campos intentó quitarse la vida, resistió violentamente al personal y que, durante el forcejeo, dejó de respirar. ICE calificó el caso como una “investigación activa” y se negó a proporcionar documentación adicional.
La posible designación de la muerte de Lunas Campos como un homicidio pondría el foco en el Camp East Montana, el mayor centro de detención de ICE en Estados Unidos, donde migrantes y organizaciones civiles han denunciado condiciones precarias, abusos físicos y múltiples violaciones a las normas federales de detención.