Solicitan 38 congresistas demócratas al DHS que reconsidere la revocación del permiso humanitario de niña mexicana

Un grupo de 38 congresistas del Partido Demócrata solicitaron al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que reconsidere la decisión de revocar el permiso humanitario de Sofía, una niña mexicana de cuatro años que padece una condición médica grave y recibe tratamiento especializado en dicho país.

Sofía fue diagnosticada con síndrome del intestino corto, una rara enfermedad congénita que le impide absorber los nutrientes necesarios para sobrevivir. Desde julio de 2023, ella y su familia residen legalmente en Los Ángeles bajo un permiso humanitario otorgado precisamente para que pudiera recibir atención médica en el Hospital Infantil de esa ciudad, uno de los pocos centros en EE.UU. capacitados para tratar esta condición en infantes.

Sin embargo, en abril de este año, el DHS revocó repentinamente su permiso y ordenó la salida del país de Sofía y su familia. La medida ha generado alarma entre profesionales médicos, abogados de derechos humanos y legisladores, quienes advierten que regresar a México podría ser fatal para la menor.

“Deportar a Sofía sería una sentencia de muerte”, advirtió el senador Alex Padilla, uno de los firmantes de la carta enviada a la secretaria del DHS, Kristjen Noem. “Estados Unidos no puede darse el lujo de abandonar su compromiso con la compasión y la humanidad, especialmente cuando se trata de una niña enferma.”

El equipo médico que atiende a Sofía ha señalado que la atención que recibe en Los Ángeles es insustituible, y que en México no existen instalaciones adecuadas para garantizar su supervivencia. La organización Public Counsel, que representa legalmente a la familia, advirtió que además del permiso de permanencia, también fue revocado el permiso de trabajo de la madre, Deysi Vargas, dejándolos sin recursos para costear su estadía o su tratamiento.

Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la decisión como un acto de crueldad por parte del gobierno federal. La medida también ha sido vista como parte de un patrón más amplio de endurecimiento migratorio impulsado por la administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado la deportación incluso de personas con estatus legal temporal.

El caso ha atraído la atención internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha expresado su respaldo a la familia Vargas y enfatizó que no han incumplido ninguna de las condiciones de su permiso. Mientras tanto, la comunidad médica, grupos de inmigrantes y defensores de los derechos humanos continúan ejerciendo presión para que el DHS revierta su decisión antes de que sea demasiado tarde.

La vida de Sofía ahora pende de una resolución urgente por parte de las autoridades migratorias. El país espera una respuesta oficial mientras crece la indignación por lo que muchos consideran una prueba moral para el sistema migratorio estadounidense.