Un Golpe Institucional destituye a Pedro Castillo en Perú y profundiza el lawfare en AL

El cuarto intento fue el definitivo. Con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones, el Congreso unicameral de Perú, dominado por agrupaciones de derecha y ultraderecha, reviró el intento del mandatario José Pedro Castillo Terrones por disolver el Poder Legislativo y lo destituyó usando el término de “incapacidad moral permanente”, un eufemismo constitucional para justificar el descabezamiento y detención del presidente electo en julio de 2021.

Este fue el último y cuarto intento por destituir a Pedro Castillo, un maestro rural y sindicalista, de origen campesino y andino, que sorpresivamente ganó la presidencia de la República hace año y medio, derrotando a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, cuyo padre, Alberto Kenya Fujimori Fujimori​, hizo exactamente lo mismo que intentó Castillo, pero en 1992: disolvió al Congreso y al Poder Judicial, limitó la libertad de expresión y acabó con mano de hierro represiva con el movimiento Sendero Luminoso, de raíz maoísta, que aterrorizó al Perú en los ochenta.

Desconocido por las élites políticas y económicas peruanas, Castillo encabezó en 2017 una larga huelga magisterial que lo colocó en el interés nacional. Como candidato presidencial, Castillo articuló un discurso contra el modelo económico neoliberal y prometió convocar a una Asamblea Constitucional para cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura fujimorista que ha permitido esta inestabilidad institucional.

La derecha peruana perdió la presidencia de la República, pero se atrincheró en el Congreso unicameral de Perú. Desde que tomó el poder hasta este 7 de diciembre han sido cuatro los intentos por destituirlo.

A cuatro meses de asumir el poder, la ultraderecha fujimorista pidió destituirlo alegando “incapacidad moral permanente”, basándose en denuncias por corrupción en un proceso basado sólo en testimonios no corroborados por la fiscalía. Los fujimoristas sólo consiguieron 46 votos en ese momento, lejos de los 87 necesarios para destituir a Castillo.

En marzo de 2022 fue el segundo intento por destituirlo. Alegaron lo mismo, pero fracasaron. Tuvieron 55 votos.

En octubre de 2022 vino el tercer intento cuando la Fiscalía presentó una denuncia contra Castillo, acusándolo de encabezar una “red criminal para direccionar licitaciones públicas”, algo muy similar a la acusación que tres jueces emprendieron en contra de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

El proceso en contra de Castillo adquirió las características de un lawfare, es decir, de una “persecución política manipulando el derecho”, tal como antes ocurrió con la expresidenta de Brasil, Dilma Vana Rousseff, y con el mismo Luiz Inácio Lula da Silva, al amparo de la llamada operación Lava Jato, una investigación judicial contra la corrupción derivada de Odebrecht.

La denuncia de la fiscalía peruana derivó en el inicio de un proceso de juicio político en contra de Pedro Castillo, a pesar que en la Constitución peruana sólo se puede enjuiciar al mandatario por “traición a la patria”.

El proceso de juicio político iba a resolverse este 7 de diciembre. Castillo intentó adelantarse, pero todo le salió mal. La mayoría de su gabinete, empezando por la vicepresidenta, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, que le dio la espalda, al igual que las fuerzas armadas, y ni qué decir de la élite económica y de los medios de comunicación peruanos.

La embajada de Estados Unidos jugó un papel fundamental para revertir este intento de Castillo por gobernar bajo decreto. La embajadora Lisa S. Dougherty Kenna publicó que su país “rechaza categóricamente cualquier intento extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla su mandato”.

“Los Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución. Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”, remató el comunicado de la embajadora norteamericana.

Poco después fue arrestado Pedro Castillo, generando una ola de incertidumbre en Perú.

Tragedia presidencial.

Castillo se suma así a la lista de cuatro expresidentes que fueron destituidos en Perú por el Congreso antes de terminar su mandato.

El primero que vivió este proceso fue el propio Alberto Kenya Fujimori Fujimori​. En 2000 se conoció el escándalo de los videos de sobornos de su poderoso asesor Vladimiro Montesinos que detonó el juicio en contra del último mandatario poderoso en Perú.

El sucesor de Fujimori, Alejandro Celestino Toledo Manrique, gobernó de 2001 a 2006. No fue destituido por el Congreso, pero en 2019 fue arrestado bajo el cargo de corrupción por recibir 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, en la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

Su ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, fue electo para el periodo 2016-2021, pero fue destituido en 2018 por el Congreso por haber recibido sobornos por parte de Odebrecht. Quien encabezó el proceso de moción de censura contra él fue su exrival electoral, Keiko Fujimori, la misma adversaria de Pedro Castillo.

A Kuczynski lo sucedió en marzo de 2018 su vicepresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Disolvió el Congreso en una “cruzada contra la corrupción”, pero luego los mismos legisladores lo destituyeron en 2020. Lo acusaron de recibir sobornos cuando fue gobernador.