Presenta Segob el primer Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual cometida contra mujeres en México

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México para visibilizar los casos de personas víctimas de este delito, así como optimizar el seguimiento de los mismos y fortalecer los mecanismos de defensa de derechos humanos. Dicho diagnóstico fue mostrado en conferencia de prensa en la sede principal de la dependencia este 27 de junio de 2022. 

La elaboración de este primer Diagnóstico se diseñó en coordinación con las mujeres sobrevivientes del Caso Atenco y abogadas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. 

Dicho documento cuenta con tres apartados principales: 

1. Realización de entrevistas hacia mujeres privadas de la libertad.
2. Recopilación de información de instituciones públicas, en un periodo de 2006 al 2021, involucradas en algún momento de la persecución, investigación y administración de justicia.
3. Atención de víctimas y protección a los derechos humanos en centros penitenciarios estatales y federales.

Para la recopilación de información del documento, se realizaron mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la República. 

La abogada Aribel García Pérez reveló que 7 de cada 10 mujeres privadas de su libertad sufrió algún tipo de tortura o malos tratos en alguna etapa de su proceso penal (arresto, traslado, estancia en el Ministerio Público, arraigo, estancia en el Centro Penitenciario y la etapa de juicio y sentencia), de las cuales 3 de cada 10 refirió ser víctima de tortura sexual. 

Explicó que, de esta muestra representativa de mujeres; 870 reclusas (68%) están dentro de un rango de 20 a 39 años de edad; 797 mujeres (62%) cuentan solo cuentan con educación básica; mil 216 (95%) tenían una ocupación laboral o estudiantil previa a su detención; 934 (73%) eran jefas de familia; mil 705 tienen hijos e hijas; 153 (12%) son indígenas; 102 (8%) contaban con algún tipo de discapacidad y 38 (3%) estaban en situación de calle. Concluyó que las mujeres pertenecientes a estas categorías son más susceptibles a sufrir este tipo de violencia. 

Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias y Atención de los Derechos Humanos de la Segob reconoció a la tortura sexual como “un delito y una violación a los derechos humanos que trasciende a la víctima impacta a las comunidades, rompe redes de apoyo y lacera a las familias, experimentando señalamientos y rechazo por una sociedad mayoritariamente patriarcal”. 

El director general contextualizó que el diagnóstico tiene como antecedente el Caso Atenco, ocurrido el 3 de mayo de 2006 en el Estado de México, donde 50 mujeres fueron arrestadas, de las cuales, 31 aseguraron ser agredidas sexualmente por elementos de seguridad durante su proceso de detención. Agregó que solo 11 de ellas iniciaron un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió el 28 de noviembre de 2018 una sentencia donde declaró responsable internacionalmente a los Estados Unidos Mexicanos (en ese momento encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto) por violación de derechos humanos e integridad personal. 

La Corte le instruyó al Estado mexicano que la sentencia fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF); brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico; entregar becas; materializar económicamente el daño a las mujeres sobrevivientes y; capacitar a la policía federal. Para este último punto, Félix Santana detalló que Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Dirección General de Políticas Públicas de la Segob y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas establecieron una ruta de trabajo para capacitar a elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC. 

El funcionario aseguró que la Secretaría de Salud (SSA) y la Comisión Ejecutiva Nacional de Victimas (CEAV) han construido una ruta de atención especializada para que este mecanismo sea eficaz para las mujeres. 

Por otro lado, agregó que esto solo son algunos avances y aún faltan demandas por cumplir, por ejemplo, las investigaciones para sancionar a los responsables del Caso Atenco aún se encuentran en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México y está en proceso para que pase directamente a la Fiscalía General de la República (FGR).  

Aunado a esto, se establecerá un mecanismo de monitoreo para hacer el uso de la fuerza, el cual se encuentra en revisión y análisis por la Segob y finalmente, se espera fortalecer el mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual contra mujeres. 

Por su parte, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, puntualizó que de conclusiones derivadas del diagnóstico existen 31 recomendaciones dirigidas a 10 instituciones públicas. Declaro que el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México “es un acto de reivindicación y dignificación” hacía las mujeres violentadas hace 15 años en Atenco para que obtengan Justicia.