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  • 05 Dec 2022
  • 12:12
  • SPR Informa 6 min

Aprueba Comisión pena de hasta 40 años de prisión por explotación sexual de pareja

La Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobó un dictamen para imponer penas que van de los 20 a los 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días de multa, a las personas que exploten sexualmente a su pareja, aprovechándose de la relación sentimental, matrimonial, concubinaria, o cualquier relación análoga y social.

Con la aprobación se reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas, además de la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, la cual plantea que en cada caso que se acredite dicha conducta se declarará nulo el matrimonio, y en caso de concubinato será pronunciado sin efectos.

De acuerdo con las y los senadores, el dictamen especifica que la pena y multa serán impuestas a quien explote sexualmente a su pareja o descendientes de esta; o establezca alguna relación sentimental análoga bajo el engaño de constituir una familia, independientemente de la edad de la pareja o de su descendencia; refiriendo a las relaciones análogas como la unión sentimental que no llegue a constituirse en matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia por razón de tiempo u otro requisito legal.

Asimismo, el Senado aseveró que es necesario contar con un marco legal que refleje la realidad cotidiana, lo que conlleva a redefinir la tipificación del delito de trata de personas y las sanciones correspondientes, actualizando el nivel de profesionalismo de las autoridades que atienten ese tipo de delitos.

También mencionaron que la prioridad es actualizar los tipos de penales a la realidad, incluyendo el reclutamiento de menores de edad con el objetivo de integrarlos a grupos criminales, o para ser utilizados para cometer cualquier tipo de actividad delictiva.

Las y los legisladores expusieron la necesidad de profesionalizar con perspectiva de género e infancia a las autoridades encargadas de intervenir en los procesos de trata de personas bajo una medida de acompañamiento, protección, denuncias ante las autoridades ministeriales, proceso jurisdiccional, y hasta llegar a la ejecución de las sentencias que contengan medidas reparatorias.