La Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobó un dictamen para imponer penas que van de los 20 a los 40 años de prisión y de 2 mil a 30 mil días de multa, a las personas que exploten sexualmente a su pareja, aprovechándose de la relación sentimental, matrimonial, concubinaria, o cualquier relación análoga y social.
Con la aprobación se reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas, además de la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, la cual plantea que en cada caso que se acredite dicha conducta se declarará nulo el matrimonio, y en caso de concubinato será pronunciado sin efectos.
De acuerdo con las y los senadores, el dictamen especifica que la pena y multa serán impuestas a quien explote sexualmente a su pareja o descendientes de esta; o establezca alguna relación sentimental análoga bajo el engaño de constituir una familia, independientemente de la edad de la pareja o de su descendencia; refiriendo a las relaciones análogas como la unión sentimental que no llegue a constituirse en matrimonio, concubinato o sociedad de convivencia por razón de tiempo u otro requisito legal.
Asimismo, el Senado aseveró que es necesario contar con un marco legal que refleje la realidad cotidiana, lo que conlleva a redefinir la tipificación del delito de trata de personas y las sanciones correspondientes, actualizando el nivel de profesionalismo de las autoridades que atienten ese tipo de delitos.
También mencionaron que la prioridad es actualizar los tipos de penales a la realidad, incluyendo el reclutamiento de menores de edad con el objetivo de integrarlos a grupos criminales, o para ser utilizados para cometer cualquier tipo de actividad delictiva.
Las y los legisladores expusieron la necesidad de profesionalizar con perspectiva de género e infancia a las autoridades encargadas de intervenir en los procesos de trata de personas bajo una medida de acompañamiento, protección, denuncias ante las autoridades ministeriales, proceso jurisdiccional, y hasta llegar a la ejecución de las sentencias que contengan medidas reparatorias.