Una marcha inolvidable.

La expedición del próximo domingo en defensa de un organismo electoral encargado de organizar las elecciones mexicanas (INE), al que el gobierno nacional quiere legítimamente reformar, es todo un acontecimiento para incorporarlo al libro Guinness de récords.

Desde el año 2012, cuando acordaron impulsar un Pacto por México, los partidos PRI, PAN y PRD nunca marcharon juntos en defensa de nada. Este próximo domingo lo harán, por primera vez, en compañía de sus nuevos dirigentes empresariales, para defender un producto creado fundamentalmente para beneficio de los dos primeros y lastimosamente utilizado para decidir cuándo y en donde ganaba el tercero.

En todo caso, el antecedente del INE, el Instituto Federal Electoral, nació por el acuerdo político que la élite gobernante del PRI y la élite dirigente del PAN construyó en 1989 para impulsar un modelo donde solo ellos dos se disputasen el poder. La sociedad mexicana sometida por muchas décadas a un régimen corrupto, corporativo y clientelar dio por bueno esta creación frankesteiniana que trató de dar vida a un modelo político autoritario debilitado en proceso de muerte. Con muchos claroscuros, entre 1991 y 1996, se conformará en definitiva el experimento que prevalece hasta 2022: un espacio privilegiado de negociación política electoral controlado por esos dos partidos como lo demuestra la alineación de sus integrantes desde la mitad de la década de los noventa hasta el día de hoy.

El Instituto nació para legitimar a un régimen en decadencia y ayudar a la alternancia política pactada que debiese beneficiar al Partido Acción Nacional. Así nació en aquel año, la explicación ideológica con ribetes académicos, de que México vivía ya la transición democrática y que el mejor ejemplo estaba representado por la alternancia electoral entre priistas y panistas. Por cierto, a la izquierda se le siguió haciendo a un lado, despreciando y reprimiéndola.

El entendimiento entre PAN y PRI no solo se da en las elecciones locales de 1989, cuando se les reconoce a los panistas la gubernatura de Baja California, sino continúa hasta el 2022. Baste revisar los acuerdos fundamentales entre ambos no solo para impulsar el modelo económico de privatizaciones sino la alianza estratégica de ellos para aprobar desde entonces todas y cada una de las reformas constitucionales fundamentales en materia económica y política.

EL PRI y el PAN, en estrecha alianza, impulsaron a lo largo de veintiocho años el proyecto de privatizaciones del sector público, de pérdida soberana sobre nuestros recursos energéticos. Actuaron unidos desde 1989 en estrecha relación para presentar el proyecto de alternancia bipartidista como realidad electoral inamovible. Por ello, se resisten a reformar a “su” organismo político consentido que avaló elección tras elección ese engendro ideológico. Por ello, exigen lealtad a quienes consideran sus leales vasallos y ahora voceros y locutores que deberán de dar la cara por ellos, políticos en decadencia que han convertido actualmente al poder legislativo en un “lodazal”.

Ni PRI ni PAN, tampoco los académicos que los defienden, tienen razones científicas para frenar una reforma electoral que trata de modificar sustancialmente el ejercicio del poder en México. No solo como lo hicieron ellos, exclusivamente depurando las reglas de acceso al poder.

 En consecuencia, la negociación y renegociación de pactos políticos y acuerdos electorales entre todos los partidos que posibiliten una verdadera transición democrática han estado ausentes desde 1988, cuando se cuestionó como nunca electoralmente, al régimen. Pero desde 2018, es una realidad el decaimiento, declive y descomposición partidaria opositora.

México vive en el año 2022, un proceso de precariedad en la democracia, caracterizado solo por una insultante frivolidad partidista de oposición. Por ello, es necesario crear las condiciones de apoyo a nuevos partidos con mecanismos que los revaloricen y los alejen de la idea actual compartida por ciudadanos y militantes de que son aparatos diseñados únicamente para gastar dinero y competir y ganar elecciones para beneficio de amigos y patrones empresariales.

La modernidad histórica demanda una reforma electoral que sacuda la estructura del INE, en poder de dos fuerzas políticas venidas a menos; se renueven los mecanismos de democracia participativa y se rehabiliten los actores que luchan por el poder público.