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  • 12 Sep 2022
  • 23:09
  • SPR Informa 6 min

Prisión preventiva oficiosa, intervención del poder judicial a facultades del poder legislativo.

Prisión preventiva oficiosa, intervención del poder judicial a facultades del poder legislativo.

Por José Alberto Alvarado Pineda

En estos días vimos diversas discusiones, argumentos y posturas en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente a la Prisión Preventiva Oficiosa, donde quedó evidente que existen dos visiones de la necesidad y la realidad de nuestro país.

Por un lado, nos encontramos con quienes señalan que lo importante es el no vulnerar los derechos humanos de aquellos que se encuentran señalados como responsables de delitos graves, sin embargo, se olvidan de las víctimas y de testigos.

Por el otro, aquellos que señalan que sí se debe velar por la integridad de las víctimas, de los testigos y de la sociedad en general.

Y ahí es donde debe existir un equilibrio entre las dos posturas, pues si bien, los derechos humanos de los inculpados tienen el mismo valor que de cualquier otra persona, el interés de la sociedad se encuentra por encima de aquellos.

Equilibrio que debe contener nuestras leyes secundarias, nuestros ordenamientos secundarios, que tienen como naturaleza el reglamentar las disposiciones Constitucionales y que, con este procedimiento que hemos visto en estas semanas, no se cumple con ello; puesto que sólo se copió, así literalmente, se copió un artículo de la Constitución General, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

¿Error legislativo? ¿Falta de conocimiento? Sí, una falta de técnica legislativa que hoy en día queda de manifiesto, y que nuestro Congreso de la Unión es responsable. Y debemos decirlo, todo el Congreso, no solo una fracción parlamentaria, sino todos en conjunto, pues todos los diputados tuvieron en sus manos las reformas y debieron, si es que en realidad realizaron su trabajo, vislumbrar este error legislativo.

Pero esto no es una excusa o una razón por la que el Poder Judicial pretendiera asumir una facultad exclusiva del Poder Legislativo, del Congreso Constituyente Permanente, puesto que si existe algún artículo de la Constitución que se encuentra en desarmonía con algún tratado o convención internacional, es el Poder legislativo (Congreso Constituyente Permanente) quien debe de realizar las reformas Constitucionales necesarias para poner en armonía nuestro ordenamiento doméstico con los ordenamientos internacionales.

En efecto, el Poder Judicial, no puede determinar la inconvencionalidad de un ordenamientos constitucionales, en cambio sí, de las Constituciones Estatales,  leyes secundarias u otros ordenamientos o actos de autoridad, pero no de la Constitución Federal, y mucho menos, determinar la inaplicación de algún ordenamiento o artículo de la Constitución, pues estaríamos llegando a un estadio en el que la Constitución, estuviera inaplicándose por partes, cosa que no puede existir, pues toda ley y acto de autoridad debe estar fundado en la Constitución, la cual es la Ley Fundamental de la Nación, de ella emanan todas las leyes, de ella emanan la forma de gobierno y todo nuestro sistema jurídico, así que si se determinara la inaplicación de una parte de ella, estaríamos señalando que no existe un ordenamientos que dé vida y sustento al Estado Mexicano.

La Suprema Corte, no puede, aún y cuando advierta una supuesta inconvencionalidad de algún artículo de la Constitución, determinar su inaplicabilidad, y mucho menos tratar de emitir una jurisprudencia o precedente que reglamente el artículo constitucional, puesto que esto, como ha quedado claro, es una facultad exclusiva del Poder Legislativo.

En estos días, vimos varios errores, desde el Poder Legislativo, pero también del Poder Judicial, que se le olvida que es uno de los tres poderes de la Unión, y pretende intervenir en las decisiones y facultades de otro poder; se le olvida, que la autoridad, es decir, ellos, solo puede realizar lo que expresamente se señala en la Ley, y por más que busquemos en los diversos ordenamientos de nuestro país, no se encuentra la facultad de determinar la inaplicación de un artículo de la Constitución Federal o la de modificar una ley secundaria.

Es evidente que su pretensión no podía estar sustentado en ningún ordenamiento y hubiera caído en una violación a la Constitución, para, supuestamente, evitar la inconvencionalidad de un artículo de la Constitución, es decir, hubiera violado la Constitución, se hubiera extralimitado de las facultades que la Constitución le otorga, para señalar que esa Constitución no se puede aplicar en un artículo, y por lo tanto, los artículos que le otorgan sus facultades, tampoco son aplicables, pues puede ir más allá de ellos, erigiéndose, como bien lo señaló el Presidente de la República, como aquel Poder Supremo Conservador, del siglo antepasado, que estaba más allá de la propia Constitución.

Esperemos el desenlace de este tema, que mucho a dado de qué hablar en todos los círculos sociales, académicos y políticos.