¿Por qué es tan importante el Informe sobre el Caso Ayotzinapa?

El pasado 22 de agosto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa presentó el informe sobre los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, casi tres años después de haberse instalado, en cumplimiento del compromiso del presidente, Andrés Manuel, con los padres y familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

En el informe destaca, primero, la aceptación del fallecimiento de los 43 estudiantes desparecidos, a partir de la ausencia de indicios que permitan asumir la aparición con vida de los estudiantes, con base en testimonios. 

Segundo, el desmantelamiento de la llamada “Verdad histórica” toda vez que se determinó la participación de distintos actores, de donde sobresalen elementos de la extinta Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas, en la construcción narrativa y con evidencia material a modo, de los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en donde previo consenso, se presentó una hipótesis de investigación que planteaba a los estudiantes como víctimas mortales de un conflictos entre grupos delictivos rivales y fincaba únicamente responsabilidades a autoridades de nivel municipal con base en su participación en favor de uno de los grupos.

No obstante, con la investigación de la Comisión se ha identificado que las autoridades militares, federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de las acciones de los estudiantes y de las que fueron sujetos, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, pero que, derivado de su omisión, fueron permisivos no solo en su desaparición y ejecución sino que durante el aparente proceso de investigación, manipularon las pruebas y crearon testimonios basados en prácticas de tortura a presuntos responsables  para legitimar su narrativa. Lo anterior lleva a concluir que se trató de un crimen de Estado toda vez que evidencia que adicional a la participación de los grupos delictivos, las autoridades en los tres órdenes de gobierno participaron como cómplices o como meros espectadores faltando a su deber legal, ético y moral.

Recalca que, con ello se supera esa condición local que se le acuñaba a la causa de los hechos y que al mismo tiempo buscaba responsabilizar a los estudiantes, al distorsionar la causa real de la toma de los autobuses, que solo tenía por objetivo su traslado a la Ciudad de México para participar en las movilizaciones alusivas al 2 de octubre de 1968.

Finalmente, es importante señalar que la presentación del informe es tan solo un paso más en la búsqueda de la verdad, pero no así la verdad en si misma puesto representa dos grandes compromisos del Estado: 1) dar solución a las dudas que quedan por resolver, particularmente aquellas relacionadas con la realidad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, así como del origen final de los restos óseos de los estudiantes y; 2) el compromiso de las autoridades, particularmente, de la Fiscalía General de la República de dar con los responsables materiales e intelectuales que participaron en la desaparición y ejecución de los 43 estudiantes, así como de las autoridades que en aras de protegerse construyeron una narrativa que les permitió temporalmente deslindarse de sus acciones u omisiones.