La desaparición del INAI, ¿tragedia u oportunidad?

Desde que el expresidente AMLO anunció la intención de eliminar al INAI y otros organismos autónomos por razones como su costo de operación o por las acciones de ciertas élites administrativas, se desató un frente narrativo en defensa de estas instituciones, la cual incluyó a medios masivos, la oposición política, diversas ONGs, la academia y, por supuesto, troles y bots. Ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum esta propuesta se ha hecho realidad, lo que ha arreciado bastante este frente político-narrativo para defender a los organismos autónomos.

En lo que corresponde a la defensa del INAI se han desarrollado dos vertientes dentro de la conversación general: la primera asocia al INAI con el acceso a la información del gobierno y la trasparencia, como que sin esta institución no habría transparencia ni se respetaría el derecho humano a la información; mientras que la segunda pinta a la institución como la única y más férrea encargada de defender los datos personales de toda la población, ambas narrativas han tenido la intención de mostrar al INAI como el único garante de ambos derechos.

El INAI es una institución con claroscuros que, si bien ha facilitado la aplicación de las leyes de transparencia y protección de datos, con soluciones útiles como la plataforma de trasparencia; muchas veces el actuar de sus élites ha sido parcial, omiso, faccioso, corrupto, opaco y con fuertes motivaciones políticas, volviendo a la institución en una herramienta político-económica de unas cuantas personas y al servicio de intereses como los partidos de oposición nacional, figuras políticas o empresas, varias de estas extranjeras, tal como se verá adelante.  

Para comenzar, el nombre completo de esta institución es “Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales” y como su nombre lo dice, está encargada de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y del derecho de protección de datos personales. Por un lado, esta institución facilita el acceso a los datos del Estado, sus instituciones y gobierno, mientras que, por el otro, salvaguarda un régimen de protección de datos personales. 

Sin embargo, en la práctica el manejo de esta institución ha desvirtuado bastante el objetivo del INAI: 

Primero tenemos la politización de la protección de datos personales, ya que en diversos temas ésta se ha usado para proteger a personajes corruptos, intereses económicos o intenciones políticas. Uno de los episodios más recientes fue cuando el periódico The New York Times, en la víspera de las elecciones, lanzó un reportaje -sin sustento y especulativo- en contra del expresidente AMLO, en donde se le relacionaba a una supuesta investigación por asociación con el narcotráfico; como respuesta, el expresidente hizo pública la carta que le enviaron antes de publicar el artículo, en ésta aparecía el número de contacto de una periodista del periódico, lo que ocasionó que el INAI iniciara una investigación en contra del expresidente por supuestamente vulnerar los datos personales de la periodista extranjera. 

Sin embargo, días después, y como respuesta a la publicación del número telefónico de la periodista del The New York Times, diversas cuentas trol e infodémicas -como Guacamaya Leaks- filtraron los datos personales de algunos miembros de la 4T, tal como sus números telefónicos, incluido el de la presidenta Claudia Sheinbaum; como respuesta a esto y ante la presión, el INAI se declaró incompetente de investigar el caso a menos que los afectados decidieran denunciar personalmente, mostrando un doble rasero a la hora de aplicar la protección de datos personales, ya no digamos que en el proceso se ponderaron los derechos de una persona extranjera sobre mexicanas y mexicanos... 

Tal politización de los datos personales también fue aplicada por el INAI para favorecer a la oposición nacional, ya que mientras por un lado la institución denunciaba, criticaba y dramatizaba por la publicación de datos como el sueldo y propiedades de periodistas o las fuentes de dinero de una ONG que recibía dinero de Estados Unidos, como Mexicanos Contra la Corrupción, por el otro el INAI hacía caso omiso del acoso y violación de datos personales en contra del expresidente AMLO y su familia y otras personas de la 4T. 

Asimismo está la omisión, inacción y hasta complicidad del INAI con las grandes empresas extractivistas de datos en México, ya que se ha demostrado que el papel de la institución es el velar por la estructura y funcionamiento del mercado de datos antes que por la protección efectiva de los datos de la ciudadanía, para muestra están las multas irrisorias a Facebook o Google, así como la timidez del INAI ante los abusos de las plataformas o el robo a gran escala aumentado desde la popularización de la inteligencia artificial generativa.   

Y ya ni se diga de los casos de corrupción, tal como el de un funcionario que usó la tarjeta de gastos de la institución para hacer pagos a un table dance y otros gastos que no pertenecían al INAI; sin embargo, el caso no acabó ahí, ya que el propio INAI estaba ayudando a esconder los gastos. Y así como este caso hay otros, tal como el turismo institucional a otros países pagados con el erario.

Otra de las narrativas engañosas que acompaña la defensa del INAI es que sin el instituto los datos de las personas estarían en riesgo de ser vulnerados o robados; sin embargo, años de internet y plataformas han mostrado que de nada sirve el INAI en tal caso, ya que no sólo los datos de la población están alojados en servidores extranjeros, sino que además el INAI y todo el mundo depende de la buena voluntad que las empresas den a conocer hackeos, a menos que éstos se hagan públicos. Sin mencionar que hay casos de grandes violaciones a los datos personales de la población mexicana en donde el INAI se ha mostrado bastante rebasado, tal como pasó con Cambridge Analytica y Facebook.  

Y ya que estamos hablando de la extinción de este instituto y su integración a la Secretaría de la Función Pública, es importante tener en consideración que el nacimiento de dicha institución fue en un contexto en donde los datos no habían cobrado la preponderancia que tienen hoy, por allá del 2002, bajo el gobierno de Vicente Fox; por lo que no sólo la institución necesita ser revisada, sino también la visión general en torno a los datos y la trasparencia. 

También está el hecho que el sistema de protección de datos personales tiene una naturaleza individualista y privatizada, la cual no atiende cuestiones como el interés general o el beneficio comunal, por lo que es necesario plantear la pregunta ¿cambio o continuidad?

Sin duda, este proceso de transformación trae consigo retos y dificultades a afrontar, considero que en el caso de la transparencia y la protección de datos tales desafíos no sólo serán sociales o institucionales, sino también derivados una visión que no atiende una realidad cambiante en donde los datos y la información se han vuelto recursos estratégicos y el Estado debería tomar una actitud más proactiva, tal como ya se anunció en el gobierno de la presidenta Sheinbaum.