La abolición del Tribunal de Inquisición en México

En la España invadida por Napoleón en 1813 se votó un decreto para abolir el tribunal de la inquisición, al considerarse incompatible con los principios de la Constitución de Cádiz. El Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución. El 22 de febrero, se publicó el decreto n.º 223 de las Cortes Sobre la abolición de la Inquisición, y establecimiento de los tribunales protectores de la Fe.

Este decreto duró poco tiempo por la reinstalación del absolutismo en España y sus colonias en 1814.  Sin embargo después de la rebelión de Rafael Riego se reinstaló la Constitución de Cádiz y las garantías contenidas en la misma.

Mientras tanto en México, recién se había declarado la independencia a través del Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia por Agustín  de Iturbide y sus seguidores, avalado jefe político enviado por las reinstaladas cortes, Juan O Donojú.

En 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente, que trató el tema de abolición del tribunal de inquisición(1), que había sido uno de los principales elementos de control que habían tenido las autoridades españolas, y que fue muy utilizado en las rebeliones de independencia. (2)

En las sesiones del Congreso se había recomendado esta abolición de la inquisición y sus edictos, ya que toda referencia a la soberanía nacional había sido considerada herética por dicho tribunal y puesta en distintos edictos, inclusive durante los procesos de la inquisición contra los insurgentes habrían salido refutaciones sobre el principio de que la soberanía emanaba del pueblo, argumentando esto como herético, pues el poder devenía únicamente de dios a través de su representante en la tierra, el Rey. (3)

No obstante, en estos primeros años del siglo XIX el paradigma del poder político se fue modificando para poder dar paso al concepto de soberanía del poder público emanado del pueblo y representado a través de Cortes en ausencia del Rey (4).  Y ya en México el concepto de que la soberanía residía en el pueblo tenía un alto grado de aceptación y entendimiento.

Entonces la abolición del tribunal de inquisición en la nueva nación fue fundamental para poder erigirse como una nación independiente tanto de España como del poder eclesiástico que por años había sustanciado procesos y causas contra los enemigos de la fe católica. Aunque en los primeros proyectos constitucionales, tanto en Cádiz, como en Apatzingán y la primera constitución de 1824 la única religión aceptada sería la católica. No se menciona cual sería la forma de hacer respetar ese mandato constitucional. Pero se sabía que el tribunal de inquisición no sería la manera.

Aun abolido el tribunal del santo oficio, institución que llevaba desde el año 1461 d.c desde su establecimiento y que tuvo distintos cambios a lo largo de los años, hasta su abolición en el siglo XIX, las distintas formas procedimentales que se mantuvieron.  Lo que es verdad es que algunos de los métodos perduraron en el derecho procesal penal mexicano. Debemos entender que algunas de estas figuras fueron creadas en la edad media y por la naturaleza práctica de los casos que se viven día a día, poco tiempo se tiene para reflexionar sobre la idoneidad de dichas figuras en su práctica consuetudinaria.

1 Barragán, Actas del Congreso Constituyente Tomo II.  P,. 458

2 Palafox Ibarra Francisco Alberto (coord). Juicios y causas procesales en la Independencia mexicana. Universidad Nacional Autónoma De México, Senado de la República, México, 2010

3 Véase el Impugnación de algunos impíos, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del código de anarquía cuyo título es Decreto Constitucional para la libertad de la América sancionado en Apatzingán a 22 de octubre de  1814 y de otros varios escritos de los fingidos representantes de las provincias y pueblos de la américa septentrional , en que por sus mismos principios y notorios hechos, se les convence de enemigos de la religión y del estado. (Disponible en el fondo histórico digital de la biblioteca central de la UNAM).

4 Para más información sobre el cambio de paradigma véase Posada, Adolfo, Tratado de Derecho Político, Tomo II, Madrid, 1893