El relevo de la presidencia de la Suprema corte

En esta columna aprovecho para desear a todos un feliz 2023.

Este nuevo año comienza con bastante dinamismo en el acontecer público al ser nombrada como presidenta de la Suprema Corte la ministra Norma Lucia Piña Hernández. En diversos medios, y por diversas plumas, se ha enarbolado que este es un triunfo relevante no solo para el poder judicial federal sino también para la impartición de justicia. 

Entre el entusiasmo generado por este novedoso suceso una de las lecturas más trascendentales es que por primera vez una mujer preside el máximo tribunal del país. No detallare en este hecho porque las feministas, en general las activistas de género, ya han profundizado minuciosamente en la trayectoria de la ministro presidente, en sus aportaciones a la corte, en sus proyectos de resolución y hasta en las palabras en sus discursos.    

Lo que también es importante es que la Corte ha mostrado una continuidad, voluntaria o no, con su compromiso con la protección de los derechos humanos y su progresividad. Tengo que ser honesto al haber tenido escepticismo porque dicha noticia me tomó por sorpresa. La ya anterior presidencia del ministro presidente Arturo Zaldívar causó molestias y hasta reclamos de diversos actores como en la oposición partidista, en medios de comunicación, sus plumas y hasta dentro del propio gremio de los abogados. El ministro encontró paralelismos y puntos en común con la agenda del presidente Andrés Manuel, como lo es el combate a la corrupción; Zaldívar tomó medidas sin precedentes para reducir el nepotismo y su falta de meritocracia como lo fue cambiar de adscripción en los tribunales a bastantes funcionarios. Hay que señalar que si bien es una destacada medida no se ha trascendido a reducir el nepotismo al mínimo, ya muy esparcido dentro de dicha institución; claro, en solo un periodo es imposible corregir los vicios cometidos por bastantes juzgadores durante décadas. El ministro Arturo llegó incluso a señalar las presiones, espionaje y hasta amenazas con armas cometidas durante la presidencia de Felipe Calderón, acusación que no respondió el expresidente, ni la oposición de la que forma parte, así como sus medios afines, ni mucho menos los colegios de abogados ni su gremio. No sería sorpresa que presiones dentro y fuera de la corte trataran de influir en una designación de un presidente de la corte con una agenda reducida a temas burocráticos.

Este nombramiento de la presidenta de la corte genera en buena parte de los ciudadanos bastante confianza, incluso algo de desconfianza también es saludable. Pudo suceder que fuera nombrado presidente el ministro Ortiz Mena, que se ha inclinado por posturas más conservadoras y legalistas en sus proyectos de resolución y votos particulares.  

En un actual momento en el que se han realizado diversas manifestaciones políticas por la ultra derecha, como lo fue la reciente celebrada CPAC, contra los derechos humanos como el matrimonio igualitario, aborto legal y los derechos de los migrantes. El tener una suprema corte que se compromete a la protección de los derechos humanos es esencial para la vida pública nacional.