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  • 07 Dec 2022
  • 19:12
  • SPR Informa 6 min

La reforma electoral va

La reforma electoral va

Por Álvaro Arreola Ayala

Los cambios en materia política impulsados en el país desde 2018, cuando alcanza el triunfo el movimiento transformador lidereado por el actual titular del poder ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, son tan impactantes hasta tal punto de que se habla en múltiples espacios como una nueva fase de la historia política nacional, que merece el nombre de Humanismo Mexicano.

Hasta el día de hoy, la relevancia de los cambios no son maquillajes de forma al régimen, como fue la costumbre de los gobiernos anteriores en los últimos ochenta años, afianzados al poder a través del fraude electoral, sino que se orientan a modernizar la parte más viciada de la política nacional provocada por esos gobiernos: el ejercicio del poder.

El actual gobierno heredará modificaciones de amplitud y modernidad democrática. Entre ellas, la reforma para responsabilizar al presidente de la República por delitos electorales cometidos durante su encargo; la revocación de mandato y la propuesta de fortalecer lo concerniente a la democracia participativa.

Que se haya rechazado, por ahora, la sustantiva propuesta dereforma constitucional que modernizaría todo el modelo de representación política y organización partidista no implica que la aprobación de modificaciones a diversas leyes, tarea que realizó de manera legal y legítima el grupo mayoritario de la cámara de diputados, para redefinir el modelo electoral y la reestructuración del INE y TEPJF, no sean trascendentales.

La resistencia a modificar la legislación electoral vigente solo la exhiben los partidos políticos desplazados a nivel federal y arrinconados a nivel estatal y municipal (PAN, PRI, PRD y MC). Aunque también, con pobres y pusilánimes argumentos, se oponen algunos “especialistas” en materia electoral educados en la narrativa falaz de la “transición democrática” y periodistas que tristemente solo exhiben su molestia, demanera interesada, por no recibir las generosas dadivas monetarias otorgadas por ese modelo electoral conformado desde 1996 por un grupo de personajes leales al régimen pripanista.

A lo largo de los años los nexos INE-PRI/PAN y fraude electoral son nexos construidos para favorecer a la oligarquía pripanista. Y, ¿Por ello hay que resignarse a la decadencia de la democracia como del estado de derecho por efecto de la alianza de esos dos partidos? O bien impulsar un proceso de refundación de las estructuras administrativas del INE y jurisdiccionales del TEPJF para ponerlos en la ruta de una real democracia. La refundación de esos dos organismos no solo es posible, sino jurídicamente impuesta por las necesidades de volverlas a hacer confiables para el Estado y sociedad.

La iniciativa de reforma electoral recientemente aprobada por los diputados es novedosa por su descomunal claridad crítica. Su exposición de motivos marca un adiós a la narrativa oscura al que nos habían acostumbrado los gobiernos pasados, que más que explicar, ocultaban las verdaderas razones de los cambios legales. La iniciativa aprobada es una descripción incisiva, cruda especialmente cuando sin reserva alguna elabora un magnífico diagnóstico del estado que guarda el modelo electoral mexicano.

Es un documento de modificaciones legales en materia electoral, que, una vez aprobados por el Senado, concitará el apoyo popular pues abona con precisos argumentos a la reestructuración del modelo electoral principalmente para desaparecer sus excesos: caro, dispendioso, burocratizado y especializado en duplicar funciones, inundado de partidas presupuestales sin propósitos claros o nulos resultados.

Como lo demostró la marcha nacional del 27 de noviembre existe ya una sociedad civil global, unida por la necesidad de avanzar, pero también por los problemas heredados como son la desigualdad, marginación y el fraude de todo tipo, y por la necesidad y la urgencia de un movimiento que espera legítimamente transformar políticamente todo, con especial atención el modelo electoral que permita erradicar para siempre las ilegalidades recurrentes como la compra del voto.

La transmisión pacífica y democrática del poder requiere de ésta nueva reforma.